Demandan a la Provincia por la tragedia de El Totoral

CONCEPCION.- El Estado provincial, el gobernador Julio Miranda, el titular de la Dirección de Comercio y Transporte, Enrique Fernando Romero, y el empresario Raúl Alfredo Oyola enfrentan una demanda por daños y perjuicios de $152.000 por parte de la concubina del chofer que conducía el ómnibus que en setiembre pasado se desbarrancó en la Cuesta de El Totoral, causando la muerte de 48 pasajeros.
A las 21 del 15 de setiembre, la unidad retornaba a Concepción con más de 70 peregrinos que habían visitado a la Virgen del Valle. La manejaba Fabricio José Soberón, quien vivía en Alberdi. El vehículo se quedó sin frenos y se desbarrancó. El chofer falleció días después, a raíz de las graves heridas que sufrió.
Marta Graciela Toledo, concubina del conductor (con quien tiene un hijo), interpuso una acción de cobro de pesos por daños y perjuicios ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la capital.

"Se lavan las manos"
El Gobierno de la Provincia figura en el planteo como principal demandado, mientras que las personas físicas aparecen como codemandados y responsables solidarios del luctuoso accidente. La mujer argumenta que el ómnibus no reunía las exigencias legales ni mecánicas para circular con pasajeros. "A mi marido nadie me lo va a restituir. El dolor de su muerte es insuperable. Pero no voy a permitir que su deceso quede impune y que todos los que tuvieron distintas responsabilidades en esa tragedia se laven las manos y no respondan a sus obligaciones", indicó. "Esta demanda la hago principalmente por mi hijo, que quedó desamparado" advirtió.
En el escrito la mujer explicó que fue el propietario del ómnibus siniestrado quien ordenó a Soberón que condujera la unidad Scania k112, modelo l987, desde Concepción hasta San Fernando del Valle de Catamarca con una cantidad de pasajeros que se incrementó en Alberdi. "En un acto de obediencia debida, mi concubino acató las instrucciones de la patronal, pese a que esta no cumplió con las reglamentaciones pertinentes exigidas para estos casos de transporte público de pasajeros", sostuvo. Precisó que Oyola insistió en transportar mayor cantidad de viajeros que los permitidos, y que el ómnibus no contaba con la autorización de la Dirección de Transporte.
También observó que el ómnibus no disponía de la revisación mecánica obligatoria que debe tener todo vehículo luego de dos años de fabricado y que no estaba registrado en la Consultora Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT). "Y si lo hubiera estado tampoco habría podido circular porque los vehículos no pueden tener mas de 10 años de antigüedad", indicó. "El vehículo que conducía Soberón adolecía, además, de una serie de fallas técnicas, especialmente en sus rodados, en el sistema de frenos, en la caja de velocidad, en el sistema de embrague y otras que prácticamente le impedían realizar el viaje encomendado por Oyola. A esto se sumó la inescrupulosa irresponsabilidad del empresario de transportar pasajeros en exceso" acotó. (C)