Alguien miente en el caso de los comedores escolares del sur. O son las maestras y padres que hacen malabarismos para darles de comer a los niños de Santa Ana y Gastona Norte, Alpachiri, Monteros y barrios pobres de Concepción, o son las autoridades que dicen que las partidas de dinero están y que cuando hay demoras de la Nación, la Provincia se encarga de cubrir el bache hasta que llega la plata.
En ese choque de palabras, que todavía no está resuelto, hay una realidad: esos chicos -en la crónica se cuentan unos 3.000- no salieron del riesgo de caer en la desnutrición, y los programas, al menos en esas escuelas, están tambaleando por alguna razón. Si llegaran a caerse esos planes, otra vez se vería el infierno del hambre que catapultó a Tucumán a la escena planetaria el año pasado. En ese escándalo se escaldaron varias figuras del Gobierno y a partir de él hubo una toma de conciencia generalizada sobre la pobreza, sus causas y consecuencias. Pero no hubo un acto de contrición masivo. La prueba está en que prácticamente las mismas figuras que tuvieron responsabilidad entonces siguen dando vueltas en el poder tucumano, y a cuatro meses del Operativo Rescate, aún no se pueden separar bien los beneficios notorios que trajo, de los intereses políticos que lo motivan subterráneamente.
Sí se reforzaron los planes nacionales, se abrieron comedores en verano, se crearon programas nuevos como el "Remediar", se reparte leche en polvo en los dispensarios. Y está a punto de comenzar la aplicación de la Ley del Hambre más Urgente, todavía no reglamentada.
Pero algunas señales han comenzado a generar alarma. Los tutores de Medicina, que cuidaron a 96 chicos desnutridos, dicen que no hubo programas para sacar a sus familias del riesgo, y que esos niños podrían volver a caer víctimas del hambre. El ministro de Economía, José Cúneo Vergés, recién advierte que los municipios y comunas no colaboraron para trabajar sobre el censo de desnutridos que se hizo en enero. Por eso no se sabe cuántos son los que necesitan ayuda, con la excepción de las personas censadas por el Siprosa.
El mismo ministro recién descubre que los valores necesarios para alimentar a cada niño se duplicaron y que -por lógica- si el año pasado un chico comía siete días con siete pesos, hoy esa plata sólo alcanza para tres días y medio.
Otro síntoma inquietante es que en el Servicio Social Educativo (responsable de la entrega de partidas para las escuelas) se sigue aplicando el mismo sistema que se aplicaba el año pasado, cuando se descubrió una gran desviación de fondos por la que fue procesado el entonces titular del área, César Suedan. Entonces, y ahora, los responsables dijeron que no es que no se hayan enviado fondos a las escuelas, sino que las maestras "no fueron a buscarlos". Incluso se dice que el dinero para las escuelas de jornada simple aún no está preparado. Pero los comedores de esos locales están funcionando al aire desde hace dos semanas.
La última señal es que la alimentación de los chicos pobres que concurren a los comedores sigue dependiendo de planes dispersos y manejados en diferentes áreas, sin un órgano de control que advierta en el acto cuando falla un fusible.
La tarea central del rescate sigue pendiente: dejar atrás el asistencialismo, superar el drama de dar de comer y curar hoy, y armar un plan de inclusión para ese medio millón de tucumanos que están fuera del sistema. Se trata de nómades que no tienen arraigo ni pertenencia y que se instalan en las villas de emergencia que siguen creciendo, y que muestran un perfil del Tucumán del futuro.
