27 Marzo 2003 Seguir en 
Hemos informado ampliamente sobre la situación que ha sobrevenido a los comedores escolares. En la actualidad, un crecido número de estos debió cerrar temporariamente sus puertas, lo que hace inciertas las posibilidades de alimentación de alrededor de 3.000 niños, según se estimó. La suspensión del servicio se debe al atraso de la Nación en el envío de las cuotas del Programa de Emergencia Alimentaria, y también a atrasos de parte de la Provincia. Y, fuera de la órbita oficial, comedores que funcionaban por autogestión, o por padrinazgos, también han suspendido su actividad (como ocurre con el que mantenía la empresa arrendataria del ingenio La Corona).
Como respuesta a esta cuestión, informó el Gobierno que ha constituido recientemente la Red de Comedores Comunitarios, que buscará paliar el problema generando otros recursos. También recordó que se acaba de firmar un acuerdo de la Provincia con la Nación para reforzar, con un solo pago de 35 millones de pesos, las partidas destinadas a este rubro, fondos que llegarían "en no más de un mes". Pero la realidad es que, entretanto, una cantidad significativa de esos centros no presta el servicio.
Toda cuestión relacionada con el alimento tiene, por esa circunstancia, un carácter perentorio que no necesita destacarse. Un ser humano debe comer, y comer todos los días. Cuando eso no ocurre, se abre la puerta a la desnutrición, en todas sus variadas y patéticas expresiones.
Sabemos que los desnutridos de Tucumán han ocupado durante varios días -desde noviembre del año pasado- las primeras planas de la prensa nacional. El Siprosa detectó un total de 20.537 casos de esa índole, en el relevamiento casa por casa difundido a fines de febrero. Todo ello movilizó una serie de esfuerzos oficiales, conducidos por la esposa del presidente Eduardo Duhalde, coordinadora de Políticas Sociales de la Nación, quien vino reiteradas veces a nuestra provincia. En su último viaje, la semana pasada, dio por terminada la "etapa de emergencia" del Operativo Rescate, "donde -dijo la funcionaria- estuvimos atendiendo la emergencia, sobre todo la alimentaria y sanitaria" (LA GACETA, 21 de marzo).
No puede sino llamar la atención, evidentemente, que se juzgue "terminada" la etapa de la urgencia alimentaria, cuando vemos que ella existe en una dimensión más que preocupante, por haber cerrado los centros donde los niños comían. Y que la causa principal del cierre estriba en la no remisión, por parte del Gobierno nacional, de los fondos específicamente afectados para este rubro. Que un punto de tan vital importancia quede sin solucionarse abre serias dudas sobre la eficacia de la preocupación oficial. Esta preocupación debió haber tenido, como una de sus prioridades, asegurar el flujo regular de las remesas del Programa de Emergencia Alimentaria, que en este momento lleva un atraso de cuatro cuotas, según la Provincia. Estamos entonces frente a una evidente paradoja. Mientras el Estado declara -luego de operativos llenos de espectacularidad- que ha terminado con el problema de la desnutrición de los menores y quiere pasar a otra instancia, de pronto los comedores cesan de recibir fondos, el alimento desaparece y, consecuentemente, deben cerrarse las puertas hasta que los aportes estatales se reanuden.
Evidentemente, hay algo que está fallando seriamente en la estrategia de lucha contra la desnutrición infantil en nuestra provincia. Este fenómeno, que debe avergonzarnos a todos, ha de ser enfrentado con medidas muy concretas y muy precisas. La principal de ellas, según nadie puede dudarlo, es que los comedores infantiles de la provincia puedan alimentar cotidianamente a sus beneficiarios. Si ello no se logra, hay un punto de vital importancia que fue dejado de lado.
Como respuesta a esta cuestión, informó el Gobierno que ha constituido recientemente la Red de Comedores Comunitarios, que buscará paliar el problema generando otros recursos. También recordó que se acaba de firmar un acuerdo de la Provincia con la Nación para reforzar, con un solo pago de 35 millones de pesos, las partidas destinadas a este rubro, fondos que llegarían "en no más de un mes". Pero la realidad es que, entretanto, una cantidad significativa de esos centros no presta el servicio.
Toda cuestión relacionada con el alimento tiene, por esa circunstancia, un carácter perentorio que no necesita destacarse. Un ser humano debe comer, y comer todos los días. Cuando eso no ocurre, se abre la puerta a la desnutrición, en todas sus variadas y patéticas expresiones.
Sabemos que los desnutridos de Tucumán han ocupado durante varios días -desde noviembre del año pasado- las primeras planas de la prensa nacional. El Siprosa detectó un total de 20.537 casos de esa índole, en el relevamiento casa por casa difundido a fines de febrero. Todo ello movilizó una serie de esfuerzos oficiales, conducidos por la esposa del presidente Eduardo Duhalde, coordinadora de Políticas Sociales de la Nación, quien vino reiteradas veces a nuestra provincia. En su último viaje, la semana pasada, dio por terminada la "etapa de emergencia" del Operativo Rescate, "donde -dijo la funcionaria- estuvimos atendiendo la emergencia, sobre todo la alimentaria y sanitaria" (LA GACETA, 21 de marzo).
No puede sino llamar la atención, evidentemente, que se juzgue "terminada" la etapa de la urgencia alimentaria, cuando vemos que ella existe en una dimensión más que preocupante, por haber cerrado los centros donde los niños comían. Y que la causa principal del cierre estriba en la no remisión, por parte del Gobierno nacional, de los fondos específicamente afectados para este rubro. Que un punto de tan vital importancia quede sin solucionarse abre serias dudas sobre la eficacia de la preocupación oficial. Esta preocupación debió haber tenido, como una de sus prioridades, asegurar el flujo regular de las remesas del Programa de Emergencia Alimentaria, que en este momento lleva un atraso de cuatro cuotas, según la Provincia. Estamos entonces frente a una evidente paradoja. Mientras el Estado declara -luego de operativos llenos de espectacularidad- que ha terminado con el problema de la desnutrición de los menores y quiere pasar a otra instancia, de pronto los comedores cesan de recibir fondos, el alimento desaparece y, consecuentemente, deben cerrarse las puertas hasta que los aportes estatales se reanuden.
Evidentemente, hay algo que está fallando seriamente en la estrategia de lucha contra la desnutrición infantil en nuestra provincia. Este fenómeno, que debe avergonzarnos a todos, ha de ser enfrentado con medidas muy concretas y muy precisas. La principal de ellas, según nadie puede dudarlo, es que los comedores infantiles de la provincia puedan alimentar cotidianamente a sus beneficiarios. Si ello no se logra, hay un punto de vital importancia que fue dejado de lado.







