En el mirandismo, dados el clima social y la lucha interna fratricida del PJ, deben estar lamentando que el gobernador Julio Miranda haya anunciado en 2002 su intención de adelantar la entrega del gobierno (lo que se descartó este año). Fue como azuzar a las fieras. Es que, como siempre sucede en los últimos meses de todas las administraciones, los reclamos sociales, gremiales y políticos se multiplican intencionadamente, potenciando los efectos negativos sobre el oficialismo de turno.
Nadie quiere dejar pasar la ocasión de presionar a los que están próximos a abandonar la gestión y jugados a la sucesión de familiares (como los Bussi en el 99) o de socios políticos (como Miranda y José Alperovich) para que les cuiden las espaldas. El hecho de no haberse reformado la Constitución impone, por ahora, que no haya reelección y que los gobernadores prefieran a gente de su confianza para sucederlos. Ocurrió en las dos últimas elecciones (95 y 99) y siempre la oposición le ganó al oficialismo.
Presionar, ceder
Así, un sector presiona desde el llano hasta el límite y el otro cede lo máximo que puede desde el poder. El 29 de junio es la fecha límite. Hasta ese día tienen plazo los sindicatos para pedir aumentos salariales; los desocupados, para solicitar bolsones; los piqueteros, para reclamar subsidios, y los partidos opositores para afectar políticamente al Gobierno tratando de arrimar votos a su molino.
Nadie será inocente en los próximos 93 días. Y el que peque de ingenuo perderá. Si no consiguen nada hasta esa fecha, todos deberán esperar que pase 2003 para empezar a exigir a los nuevos gobernantes.
En el Gobierno seguirán pensando en la equivocación del jefe, que no quería llegar hasta el 29 de octubre por agobio, cansancio o tristeza. Nadie llegó a prevenirlo sobre las dificultades constitucionales que eso acarrearía. Luego fue advertido, pero ya era tarde. Lo hizo y adelantó los procesos políticos, sociales y sindicales.
Hoy, en medio de un clima social conflictivo -con exigencias de todos los gremios estatales por un aumento salarial que no está en condiciones de dar- y de un proceso electoral nacional que lo está dañando, ya que el oficialismo está dividido entre kirchneristas y menemistas, Miranda debe sortear la última apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Es un acto institucional más, pero en los hechos siempre se transforma en un acto político.
Sin malos ratos
Los operadores del mandatario están trabajando de forma ingente para que el mensaje anual -el martes próximo-, con el resumen de gestión y la rendición de cuentas, no sea aprovechado por propios y extraños para ensayar golpes de efecto que dañen la imagen del Gobierno y que repercutan en las urnas. Lo primero que se pensó fue mostrar que, por lo menos, no hay fisuras en el bloque oficialista, pese a la interna nacional del PJ. Se buscará asegurar la presencia de los legisladores menemistas en el recinto.
También inquieta seriamente que algunas organizaciones sindicales puedan organizar movilizaciones que concluyan en desmanes. En años anteriores, el titular del PE caminó desde la Casa de Gobierno hasta la sede de la Legislatura -separadas por pocas cuadras-, acompañado y vivado por gremialistas y militantes peronistas afines, que evitaron que fuera molestado en su trayecto.
Si la caminata se repite y si se cumplen las previsiones sobre algunas marchas opositoras, es de esperar que la jornada no se desarrolle tranquilamente. Las especulaciones son muchas, porque muchos son los que intentan sacar cualquier ventaja en tiempos electorales.
