La Nación retacea los fondos para sostener la ejecución de obras

El freno que evidencia la obra pública pone en vilo al Gobierno y complica a las empresas constructoras del medio. De hecho, fuentes del sector confirmaron que acordaron con el Estado disminuir el ritmo de trabajo atento a la demora de la Nación en remitir los fondos comprometidos.
En una entrevista concedida a LA GACETA y publicada ayer, el interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu), Gustavo Durán, reconoció que, para evitar una parálisis, se extenderán los plazos originales en 90 días. Es decir, se reducirá en un 25% el volumen de certificación de obras mensuales (con los que abona el Estado los emprendimientos), con el objetivo de mermar el desfasaje de unos $ 10 millones producido por la diferencia entre lo efectivamente enviado por el poder central y lo ejecutado en planes habitacionales por las constructoras.
Ayer, referentes del sector confirmaron que mantuvieron una reunión con el ministro de Economía, Jorge Jiménez, y otra con el secretario de Obras Públicas, Oscar Mirkin. En ambos encuentros, según relataron, los funcionarios les transmitieron tranquilidad y les pidieron paciencia. Además, les propusieron disminuir el ritmo de trabajo, con el objetivo de extender los plazos. Esta alternativa, si bien incrementará los gastos fijos que toda empresa a cargo de una obra tiene (en seguridad, por ejemplo), permitirá que el monto certificado por mes sea menor y, de esa manera, que haya un flujo de dinero menor, pero constante.

Malas noticias
Sin embargo, según relató otro empresario del sector, recibieron una mala noticia: finalizarán el año con una deuda de arrastre de cuatro meses.
Los certificados de setiembre, octubre, noviembre y diciembre serán saldados durante los primeros meses de 2010. Cabe aclarar que, como estos documentos vencen a los 55 días de su emisión, sólo setiembre y octubre generarán una deuda exigible a las empresas cuando finalice el año. Si las constructoras certifican unos $ 40 millones mensuales sólo en planes habitacionales, el atraso involucrará alrededor de $ 160 millones. "Nos dieron el compromiso de que nos pagarán en los primeros meses de 2010", auguró un empresario.
También las obras viales presentan un marcado descenso en el ritmo de ejecución. Incluso, algunos proyectos, como la repavimentación de rutas provinciales con contrato firmado o adjudicadas, aún no se iniciaron. En esa situación se encuentran la 329 (entre Concepción, Trinidad y Monteagudo), la 301 (entre el Manantial y San Pablo) y el segundo tramo de la 307 (entre el Infiernillo y Ampimpa). "Con suerte, empezarán en diciembre", sintetizó un referente de las cámaras constructoras. ¿Cómo hacen para sostener al personal sin suspensiones o despidos?, le preguntó este diario. "Los vamos rotando por los diferentes frentes de obras que tenemos abiertos", respondió la misma fuente.