Positiva acción de la Justicia

A fines del año pasado, el Poder Judicial de Tucumán empezó a tomar medidas concretas contra los "avenegras". Es sabido que así denomina el lenguaje popular a quienes realizan trámites ante la Justicia sin ser abogados ni procuradores.
También, a quienes -con rótulo de "gestores", "asesores" o "colaboradores"- dicen buscar clientela para letrados en los pasillos de los Tribunales, e inclusive prometen a las personas favores procesales a cambio de dinero, invocando supuestas conexiones con funcionarios del foro.Tratándose de una actividad por cierto vedada, consignamos oportunamente en estas columnas nuestra opinión positiva sobre la campaña para erradicar a quienes la practican. Es del caso reiterar tal postura, al advertir que la referida campaña continúa.
Opinamos que esa continuación no debe detenerse, a pesar de los incidentes que de ella se derivan y de los que informamos recientemente. Está de más decir que las incidencias sirven para revelar la magnitud que ha adquirido que esa ocupación ilegal en nuestro foro, donde aparece como fuertemente enquistada. También indica la impunidad de la que ha venido gozando en las diversas épocas, por la flojedad de los controles y la actitud pasiva o tolerante de quienes debían actuar en su contra.
Justamente, el control que ha comenzado a realizarse viene a impactar negativamente en un "modus vivendi" que se entendía establecido. Comprensiblemente, sus beneficiarios se resisten a abandonarlo.
No constituye, por cierto, nada nuevo. Desde muchas décadas atrás -como se lo puede comprobar recorriendo la colección de nuestro diario- las autoridades judiciales han detectado la existencia de los "avenegras" y han implementado acciones para marginarlos de su actividad.
No podía ser de otra manera, si se considera que existen inequívocas normas que reservan exclusivamente a los abogados y a los procuradores todo lo que signifique actuación ante la Justicia. La única excepción que existió alguna vez fue la de los "pasantes de pluma", empleados de los estudios, y cuya tarea se reglamentó por específicas acordadas de la Corte.
La ley establece con meridiana claridad aquella exclusiva atribución de los letrados. Es una estipulación concluyente y no puede admitirse que sea orillada por nadie y en ninguna circunstancia. Es superfluo subrayar que los Tribunales, puesto que son "la casa de las leyes", constituyen el ámbito donde las normas deben ser más celosamente respetadas. Por ello todo lo que se realice para hacer efectivo ese respeto debe considerarse bienvenido, por encima de cualquier interés particular que se sintiera afectado.
Como lo dijimos en nuestro anterior editorial (ver "Terminar con los ?avenegras?", LA GACETA del 9 de diciembre de 2002) vivimos una época de fuerte cuestionamiento a las instituciones, y de esta actitud pública no se exceptúa a la Justicia, como es suficientemente conocido. Dicha realidad torna más necesario que nunca que aquel poder del Estado sea preservado de toda situación que pueda arrojar sombras sobre los trámites forenses, en cualquier instancia de estos.
Corresponde, entonces, que la Administración de Justicia, por medio de sus órganos, se mantenga implacable respecto de los "avenegras". Lejos de obstaculizar la acción que se realice para marginar a esos elementos, los abogados y los procuradores deben apoyarla resueltamente, para cooperar con el Poder Judicial y para jerarquizar la profesión que ejercen.
No puede haber otro camino posible en este asunto, cuyas delicadas implicancias están a la vista de cualquiera.