La Justicia volverá a enfocarse en el funcionamiento de la planta de tratamiento de los residuos de Pacará Pintado. Finalmente, hoy a las 9 se concretará la postergada toma de muestras en el predio que explota la empresa Servicios y Construcciones La Banda SRL.
La inspección debería haberse efectuado en mayo, pero planteos de la parte demandada y discusiones respecto de quién asumiría los costos del trabajo (unos $ 8.000) dilataron su realización. Resuelta esa cuestión, los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila, dispusieron la realización de un peritaje técnico para hoy, a las 9, y otro para la próxima semana. La primera medida servirá para que la ingeniera química María Luisa Genta recabe información en el predio en el que siete municipios arrojan sus residuos urbanos.
Una vez que concrete esta medida, la perita volverá el martes a la planta para tomar las muestras que considere pertinentes. En ambas inspecciones, Genta estará acompañada por el ingeniero Segundo José Soria como asistente técnico. Luego, la especialista deberá elevar los informes a los vocales. Estos aspiran a contar con los resultados de la pericia antes de resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, por considerar que contamina el medio ambiente, pero la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
Los camaristas pretenden que la ingeniera química extraiga muestras para determinar si el depósito de la empresa demandada "produce contaminación de los suelos, de la atmósfera, de la napa freática y de las aguas de la cuenca del río Salí". Además, la profesional designada deberá informar "si se pueden dispersar partículas de dicha sustancia (los residuos sólidos urbanos) en la atmósfera y el medio ambiente, y su incidencia en el ecosistema". Los peritajes, incluso, podrán ser presenciados por las partes en controversia y por funcionarios del Siprosa y de la Dirección de Recursos Hídricos. De hecho, la federación ambiental estará representada por el ingeniero químico Pedro Otonello.
En forma paralela a la investigación en la Justicia provincial, en los tribunales federales también se sustancia una causa. Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, ordenó una serie de análisis sobre muestras de agua, de suelo y de sedimentos que tres peritos de la UNT presupuestaron en $ 48.500, para determinar el supuesto impacto que genera el funcionamiento de la planta en el cauce de la cuenca Salí-Dulce.
La idea es que Overa Pozo funcione antes de fin de año
Ya conformado el consorcio público metropolitano para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU), el Poder Ejecutivo aspira a que antes de fin de año los desechos puedan ser arrojados en un predio de la localidad de Overa Pozo. La decisión de finalizar las operaciones en la planta de Pacará Pintada fue anunciada por el gobernador, José Alperovich, en mayo, pese a que el predio cuenta con un apto ambiental con vigencia hasta 2011. Esto sucedió luego de que la Legislatura modificara la norma que rige la gestión de los RSU y devolviera la responsabilidad a los municipios (desde 2006 estaba en manos de la Provincia). Una vez cumplido ese paso, los intendentes Domingo Amaya (San Miguel de Tucumán), Daniel Toledo (Yerba Buena), Javier Pucharras (Tafí Viejo), Julio Silman (Alderetes) y Luis Morghestein (Las Talitas) firmaron la constitución de este órgano que, asesorado por el PE, abordará la generación, la clasificación, el transporte, la transferencia y la disposición final.
La inspección debería haberse efectuado en mayo, pero planteos de la parte demandada y discusiones respecto de quién asumiría los costos del trabajo (unos $ 8.000) dilataron su realización. Resuelta esa cuestión, los vocales de la Cámara en lo Civil y Comercial Común, Carlos Miguel Ibáñez y Augusto Fernando Avila, dispusieron la realización de un peritaje técnico para hoy, a las 9, y otro para la próxima semana. La primera medida servirá para que la ingeniera química María Luisa Genta recabe información en el predio en el que siete municipios arrojan sus residuos urbanos.
Una vez que concrete esta medida, la perita volverá el martes a la planta para tomar las muestras que considere pertinentes. En ambas inspecciones, Genta estará acompañada por el ingeniero Segundo José Soria como asistente técnico. Luego, la especialista deberá elevar los informes a los vocales. Estos aspiran a contar con los resultados de la pericia antes de resolver un recurso de apelación deducido por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán. La entidad interpuso en diciembre de 2007 una acción de amparo colectivo y, en forma cautelar, reclamó el cierre de la planta, por considerar que contamina el medio ambiente, pero la medida fue rechazada el 10 de julio de 2008 por el extinto juez en lo Civil y Comercial de la III Nominación, Juan José Aráoz.
Los camaristas pretenden que la ingeniera química extraiga muestras para determinar si el depósito de la empresa demandada "produce contaminación de los suelos, de la atmósfera, de la napa freática y de las aguas de la cuenca del río Salí". Además, la profesional designada deberá informar "si se pueden dispersar partículas de dicha sustancia (los residuos sólidos urbanos) en la atmósfera y el medio ambiente, y su incidencia en el ecosistema". Los peritajes, incluso, podrán ser presenciados por las partes en controversia y por funcionarios del Siprosa y de la Dirección de Recursos Hídricos. De hecho, la federación ambiental estará representada por el ingeniero químico Pedro Otonello.
En forma paralela a la investigación en la Justicia provincial, en los tribunales federales también se sustancia una causa. Mario Racedo, a cargo del Juzgado Federal Nº 2, ordenó una serie de análisis sobre muestras de agua, de suelo y de sedimentos que tres peritos de la UNT presupuestaron en $ 48.500, para determinar el supuesto impacto que genera el funcionamiento de la planta en el cauce de la cuenca Salí-Dulce.
La idea es que Overa Pozo funcione antes de fin de año
Ya conformado el consorcio público metropolitano para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos (RSU), el Poder Ejecutivo aspira a que antes de fin de año los desechos puedan ser arrojados en un predio de la localidad de Overa Pozo. La decisión de finalizar las operaciones en la planta de Pacará Pintada fue anunciada por el gobernador, José Alperovich, en mayo, pese a que el predio cuenta con un apto ambiental con vigencia hasta 2011. Esto sucedió luego de que la Legislatura modificara la norma que rige la gestión de los RSU y devolviera la responsabilidad a los municipios (desde 2006 estaba en manos de la Provincia). Una vez cumplido ese paso, los intendentes Domingo Amaya (San Miguel de Tucumán), Daniel Toledo (Yerba Buena), Javier Pucharras (Tafí Viejo), Julio Silman (Alderetes) y Luis Morghestein (Las Talitas) firmaron la constitución de este órgano que, asesorado por el PE, abordará la generación, la clasificación, el transporte, la transferencia y la disposición final.







