La Justicia Federal puso la mira sobre los guardiacárceles

La Justicia Federal ordenó una profunda investigación en el seno del Servicio Penitenciario pata determinar si hay agentes involucrados en el tráfico de drogas dentro de las cárceles provinciales. Los dos jueces federales y los tres fiscales se mostraron sorprendidos y contrariados por la cantidad de procedimientos que se concretaron en las últimas semanas, los que ya superaron holgadamente los que se habían hecho desde principios de año.
El revulsivo dentro de las cárceles comenzó luego de que LA GACETA dio a conocer un informe que, a fines del año pasado, habían rubricado los jueces de la sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena y Emilio Herrera Molina. Ellos ordenaron que 114 internos que estaban a su disposición fueran sometidos a exámenes toxicológicos. Así comprobaron que el 65% de ellos había consumido estupefacientes (cocaína, marihuana, benzodiasepinas y hasta morfina). Luego de esto comenzaron a enviar oficios al Servicio Penitenciario, a la Justicia Federal, a la Corte Suprema de Justicia y al Ministerio de Seguridad Ciudadana. Pero no obtuvieron respuestas oficiales, lo que molestó a los camaristas. "Parece que a nadie le importara lo que está pasando", dijo Alberto Piedrabuena en una entrevista con LA GACETA. Cuando nuestro diario le preguntó al director de Institutos Penales, Roberto Guyot, el funcionario advirtió que no podía descartar nada. "Los días de visitas entran 2.000 personas y las requisas se hacen muy complicadas. Pero la mira está puesta sobre todos, incluidos los guardiacárceles, ya que ellos también están siendo investigados", remarcó.
A pesar de esto, los jueces federales Daniel Bejas y Mario Racedo decidieron encarar su propia investigación, con el apoyo de los fiscales Carlos Brito, Emilio Ferrer y Antonio Gustavo Gómez. Según trascendió, lo sucedido el domingo los indignó. Es que, según se denunció en la cárcel, se encontró a cinco internos con marihuana y cocaína en su poder. El domingo justamente fue día de visita, por lo que evidentemente -dijeron fuentes judiciales- la droga pasó a través de los controles. El primer caso se dio a las 15 cuando uno de los internos caminó hasta la celda de su hermano, en otro pabellón, y cuando charlaban entraron los guardiacárceles. Al mayor de ellos, de 22 años, le encontraron nueve "bagullos" de marihuana, además de $ 59. Luego los agentes encontraron marihuana en un armario, dentro de una celda abandonada. Luego interceptaron a un preso que, mientras caminaba por uno de los pabellones, llevaba en la mano una "bochita" de tres gramos de cocaína. El último operativo se concretó cuando dos reclusos fueron detenidos al comprobarse que tenían dos "bagullos" de marihuana en los bolsillos de pantalón.
Hace 20 días ya se habían concretado procedimientos en Villa Urquiza, que luego se repitieron en la Unidad 3, de Concepción. En total, en los últimos 15 días se procesó a 12 internos por la ley 23.737 de estupefacientes, entre ellos Jorge Sandoval, miembro según la Policía del clan Toro, a quienes se sindica como los principales distribuidores de cocaína y de marihuana en la zona de Villa 9 de Julio y en la Costanera. A él se le secuestró un profiláctico en el que guardaba 51 gramos de cocaína.
Pero tal como habían advertido los camaristas de la Justicia local, necesariamente los guardiacárceles debían estar involucrados en el tráfico ya que no se podía deslindar toda la responsabilidad en las visitas. Sobre esa línea decidieron trabajar los jueces Bejas y Racedo, que encararon una investigación interna, cuyos resultados se conocerán en los próximos días.
En cuanto a los procesados que fueron detenidos el domingo, ayer comenzaron a declarar ante el secretario de Leyes Especiales, Alberto Zelaya. Trascendió que algunos de ellos podrían haber aportado algún nombre por lo que la pista que siguen los magistrados se habría fortalecido. Por eso se había decidido comenzar a tomar declaraciones entre los familiares de los detenidos, que muchas veces denuncian abusos de los guardiacárceles. También podrían aportar datos acerca de cómo se produce el tráfico de droga. Luego será el turno de los guardiacárceles, a los cuales se les pedirán exhaustivas explicaciones. Alguno de ellos podría quedar imputado.

Quieren cámaras para la requisa
El Gobierno analiza la posibilidad de poner cámaras de vigilancia en el sector de requisa a las visitas que ingresan al penal de Villa Urquiza. Estas serían adquiridas con parte de los $ 30 millones que la Legislatura aprobó el viernes para ser utilizados sin licitación previa por el ministerio de Seguridad Ciudadana. Gran parte de ese dinero será destinado justamente a la adquisición de cámaras para la capital y para Yerba Buena.