Los Manganelli piden que la Justicia ampare su casa

La familia Manganelli promovió una acción de amparo colectivo con el objeto de frenar el intento del Gobierno de expropiar una casa de su propiedad para dotar de un acceso vehicular más cómodo a las cocheras del Tribunal de Cuentas. La presentación judicial se realizó con el patrocinio del abogado Manuel García Fernández, como lo había anticipado ayer LA GACETA.
El planteo, de 15 hojas, fue presentado en la Corte Suprema de Justicia provincial. Sin embargo, el letrado dejó reserva de recurrir al máximo tribunal de la Nación, en caso de que no se haga lugar a la demanda. La familia pretende que la Corte declare inconstitucional la Ley 8.215, que proclama de utilidad pública y sujeta a expropiación una vivienda de San Lorenzo 355, propiedad de los Manganelli.
Tras considerar que la Corte es el ámbito competente para resolver esta cuestión, García Fernández presenta en el texto los hechos que lo llevan a promover la acción de amparo. El abogado cuenta que conoció por LA GACETA la iniciativa motivada por el oficialismo, como así también el derrotero del proyecto hasta que se convirtió en ley. "La justificada reacción de la familia expropiada generó un discutible comentario del Dr. Sergio Díaz Ricci (vocal del órgano técnico de control estatal), del que pude deducir cuál era el verdadero entramado de todo esto", afirma el demandante. Según considera en el planteo, personas del Tribunal de Cuentas habrían pedido una suerte de favor a representantes del Poder Legislativo. "Ese favor le costará a los tucumanos, al verse privados de parte de su patrimonio colectivo por una 'necesidad' grupal en contra de la necesidad general", afirma.
Entre otros cuestionamientos, García Fernández hace hincapié en el valor patrimonial de la casa, de alrededor de 100 años de edad. "No soy arquitecto, pero sé que es una típica casona del fines del Siglo XIX o principios del XX, fruto de uno de los tantos constructores, hijos de esos masones albañiles que construyeron la mayoría de las catedrales de Europa", argumentó. Por este motivo, considera que la Ley 8.215 va a contramano de la obligación constitucional del Estado de proteger los bienes patrimoniales de la provincia.