Se resisten a que su casa sea un acceso para cocheras

La abrumadora mayoría con la que el oficialismo aprobó la expropiación de una vieja casona en San Lorenzo al 300, para que el Tribunal de Cuentas pueda reutilizar sus cocheras, no logra acallar la polémica en torno de la iniciativa.
El proyecto, aprobado en la sesión legislativa del jueves por el alperovichismo, declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a un inmueble céntrico de 350 metros cuadrados, cuyos fondos colindan con el estacionamiento del edificio en donde funciona el Tribunal de Cuentas (Congreso 180).
Precisamente, el justicialista José Alberto Cúneo Vergés fue quien impulsó la iniciativa, a partir de un pedido de los vocales del organismo de control. En sus argumentos, el legislador recordó que, cuando a partir de 2008 se convirtió en peatonal calle Congreso al 100, las siete cocheras que posee el tribunal posee quedaron inutilizables. Esta situación, adujo, generó trastornos operativos incalculables.
"La solución más beneficiosa para el Estado es la expropiación de un inmueble que, sobre calle San Lorenzo, colinda con el fondo de las cocheras en cuestión. De este modo, se provee accesibilidad a las cocheras", se explayó Cúneo Vergés. Incluso, el presidente de la comisión de Hacienda halló otro elemento en favor de la expropiación. "El inmueble se encuentra en total abandono, en estado ruinoso y desocupado, por lo que sólo tiene valor de lote baldío, lo que no condice con el entorno de la Casa Histórica", reforzó, según consta en los considerandos del proyecto.
Con esos fundamentos, los parlamentarios alperovichistas dieron vía libre a la iniciativa, que aún debe ser promulgada por el gobernador, José Alperovich, para que entre en vigencia,
Ayer, el presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaibén Terraf, reconoció que con la expropiación de esa casa se dotará de accesibilidad al estacionamiento, pero adujo que el órgano que preside construirá oficinas en ese predio. En declaraciones a LA GACETA, también dijo que solicitaron la expropiación porque nunca pudieron dar con los propietarios para hacerles una oferta.
Sin embargo, Silvina Manganelli, a cuyo nombre está registrada la casona -en condominio con sus dos hermanas-, y su padre, Francisco Manganelli, advirtieron que aunque los impuestos de la propiedad llegan a nombre de ellos, ningún legislador ni funcionario los contactó para consultarles sobre la medida. Y aclararon que no piensan desprenderse del inmueble.