11 Septiembre 2009
Quienes sean encontrados in fraganti quemando caña de azúcar en pie, quedarán detenidos y serán sometidos al dictado de la prisión preventiva hasta la sustanciación del juicio penal correspondiente.
Esta disposición fue incorporada ayer por la Legislatura al Código Procesal Penal de la Provincia, como forma de combatir esta práctica en tiempos de zafra.
"Esta ley sólo intenta acercar a los Tribunales los medios procesales necesarios para que se hagan efectivas las normas penales nacionales de fondo. Debemos impedir que se repitan los centenares de focos de incendio, las muertes en ruta, la destrucción de bienes y el perjuicio a la salud", argumentó el alperovichista Daniel Heredia.
Esteban Jerez (bloque Juan Bautista Alberdi) justificó su apoyo a la iniciativa en el hecho de que las normas penales determinan una pena mínima de tres años de prisión, por lo que una condena no sería excarcelable. "Durante la última zafra, hubo grandes daños a las plantaciones, a la salud y a los tendidos eléctricos", se quejó. Esto motivó la reacción del oficialista Víctor Lossi: "no pongan a los cañeros como los malos. Son las empresas transportadoras de la energía eléctrica las que no cumplen con sus obligaciones de mantener limpias las servidumbres de paso bajo las líneas de alta tensión".
Su par de bancada y productor cañero, Alberto Conte, describió las estrategias utilizadas para quemar caña. También anunció que presentará un proyecto de ley con el fin de establecer plazos para la entrega del producto a los ingenios, según la zona donde se encuentren los cultivos: los originarios del este deberían entrar en los canchones de las fábricas a partir de la segunda quincena de abril y los del oeste, desde julio, según los distintos momentos de maduración.
Conte explicó: "antes iban miles de obreros a pelar caña y no había incendios. Hoy, algunos productores lo hacen por motivos económicos, porque si se entrega la caña con despunte y hojas, el industrial descuenta un 30% del peso. Hay que buscar consensos para asegurar el precio". El titular de la Fotia, Roberto Palina, defendió el combate contra la quema por razones de salud, aunque aclaró que no se puede culpar a todos los cañeros, dado que también hay otras empresas que contaminan.
Esta disposición fue incorporada ayer por la Legislatura al Código Procesal Penal de la Provincia, como forma de combatir esta práctica en tiempos de zafra.
"Esta ley sólo intenta acercar a los Tribunales los medios procesales necesarios para que se hagan efectivas las normas penales nacionales de fondo. Debemos impedir que se repitan los centenares de focos de incendio, las muertes en ruta, la destrucción de bienes y el perjuicio a la salud", argumentó el alperovichista Daniel Heredia.
Esteban Jerez (bloque Juan Bautista Alberdi) justificó su apoyo a la iniciativa en el hecho de que las normas penales determinan una pena mínima de tres años de prisión, por lo que una condena no sería excarcelable. "Durante la última zafra, hubo grandes daños a las plantaciones, a la salud y a los tendidos eléctricos", se quejó. Esto motivó la reacción del oficialista Víctor Lossi: "no pongan a los cañeros como los malos. Son las empresas transportadoras de la energía eléctrica las que no cumplen con sus obligaciones de mantener limpias las servidumbres de paso bajo las líneas de alta tensión".
Su par de bancada y productor cañero, Alberto Conte, describió las estrategias utilizadas para quemar caña. También anunció que presentará un proyecto de ley con el fin de establecer plazos para la entrega del producto a los ingenios, según la zona donde se encuentren los cultivos: los originarios del este deberían entrar en los canchones de las fábricas a partir de la segunda quincena de abril y los del oeste, desde julio, según los distintos momentos de maduración.
Conte explicó: "antes iban miles de obreros a pelar caña y no había incendios. Hoy, algunos productores lo hacen por motivos económicos, porque si se entrega la caña con despunte y hojas, el industrial descuenta un 30% del peso. Hay que buscar consensos para asegurar el precio". El titular de la Fotia, Roberto Palina, defendió el combate contra la quema por razones de salud, aunque aclaró que no se puede culpar a todos los cañeros, dado que también hay otras empresas que contaminan.
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