Por Redacción Política
10 Septiembre 2009
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El legislador Esteban Jerez no quiere que la polémica generada en 2008, cuando el Tribunal de Cuentas olvidó incluir en su informe de la Cuenta de Inversión de 2007 su dictamen sobre la ejecución presupuestaria de la administración pública centralizada, se haya dado en vano. Por eso, propuso que se modifique la Ley de Admnistración Financiera y que la Legislatura se vea obligada a aprobar o a rechazar el análisis del ente de control sobre los ingresos y los egresos de los fondos públicos.
Como se recordará, ante una advertencia de LA GACETA, el Tribunal de Cuentas reconoció el 18 de septiembre del año pasado que había omitido consignar el ejercicio presupuestario de la administración central, es decir, el análisis de la manera como fueron manejados los fondos por parte de los ministerios, secretarías y direcciones del Ejecutivo durante el año en que se celebraron las internas del PJ (1 de abril), las elecciones provinciales (26 de agosto) y los comicios presidenciales (28 de octubre).
El desliz fue enmendado a través de un acuerdo complementario.
Según entiende Jerez, el artículo 109 de la Ley de Administración Financiera colisiona con la Constitución provincial. La norma determina que la Cámara debe crear una comisión especial para abocarse al estudio del informe. Pero que, si esa comisión no se expidiera, la Legislatura deberá tomar como despacho el expediente del Tribunal de Cuentas. Y, si dentro del segundo período de sesiones ordinarias siguientes la Cámara no se expidiera, la Cuenta de Inversión se considerará aprobada.
Jerez recordó que la Carta Magna, en su artículo 87, fija que le corresponde a la Legislura aprobar o desechar la cuenta de inversión. "Es decir, se requiere de este poder una manifestación positiva o negativa, no otorgándole al silencio o a la falta de tratamiento un carácter de 'aprobación tácita'. El análisis de la Cuenta de Inversión es una herramienta fundamental para la evaluación y el análisis de la gestión de fondos públicos", explicó.
Como se recordará, ante una advertencia de LA GACETA, el Tribunal de Cuentas reconoció el 18 de septiembre del año pasado que había omitido consignar el ejercicio presupuestario de la administración central, es decir, el análisis de la manera como fueron manejados los fondos por parte de los ministerios, secretarías y direcciones del Ejecutivo durante el año en que se celebraron las internas del PJ (1 de abril), las elecciones provinciales (26 de agosto) y los comicios presidenciales (28 de octubre).
El desliz fue enmendado a través de un acuerdo complementario.
Según entiende Jerez, el artículo 109 de la Ley de Administración Financiera colisiona con la Constitución provincial. La norma determina que la Cámara debe crear una comisión especial para abocarse al estudio del informe. Pero que, si esa comisión no se expidiera, la Legislatura deberá tomar como despacho el expediente del Tribunal de Cuentas. Y, si dentro del segundo período de sesiones ordinarias siguientes la Cámara no se expidiera, la Cuenta de Inversión se considerará aprobada.
Jerez recordó que la Carta Magna, en su artículo 87, fija que le corresponde a la Legislura aprobar o desechar la cuenta de inversión. "Es decir, se requiere de este poder una manifestación positiva o negativa, no otorgándole al silencio o a la falta de tratamiento un carácter de 'aprobación tácita'. El análisis de la Cuenta de Inversión es una herramienta fundamental para la evaluación y el análisis de la gestión de fondos públicos", explicó.
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