Los Bussi objetan la causa por las tierras de Capitán Cáceres

La decisión del juez federal subrogante Daniel Bejas de procesar a Antonio Bussi por supuestas extorsiones al matrimonio de Jorge Ricardo Ygel y Julia Rita Ariza indignó a los hijos del ex gobernador, Ricardo y Luis Bussi. En la causa se investiga la denuncia por obtención ilegal (mediante coerción, secuestro y violación de domicilio) por parte del Estado de las tierras donde se edificó el pueblo Capitán Cáceres, en el departamento Monteros, a la vera de la ruta 325.
"Se han politizado los hechos ocurridos en la década del 70. Lejos de los criterios de justicia y de neutralidad, prima su lectura manifiestamente parcializada. Hubo infinidad de demandas promovidas desde sectores de izquierda que usan a esa época como excusa para que muchos hagan pingües ganancias", denunció Ricardo Bussi.
El ex senador consideró increíble que se procese a quien él define como un gestor de una obra pública sin parangón, reconocida por generaciones de tucumanos incluso en las urnas. "No se limitó a pavimentar calles: construyó ciudades completas y no hubo negociados millonarios como los que abundan en estos días. Nada se dice en los estrados judiciales sobre los escandalosos sucesos que rodean promesas faraónicas de dudosa concreción, como Lomas de Tafí, pese a que la Provincia enfrenta un juicio por más de $ 300 millones en la Justicia Federal por quienes reclaman la propiedad de esas tierras. La compra del predio al extinto Banco Empresario fue denunciada por sobreprecio", recordó.
El presidente de Fuerza Republicana se refirió así al planteo de Olga del Valle Córdoba, que reclama la restitución de 400 hectáreas donde se levanta el emprendimiento, ante los tribunales nacionales, en Buenos Aires.

Críticas al kirchnerismo
Luis José Bussi, en tanto, vinculó la acción judicial con intereses económicos. "La causa forma parte de la industria de los juicios de las supuestas víctimas de violaciones a los derechos humanos; las indemnizaciones ya le costaron al Estado miles de millones de dólares. Llama la atención que se reanuden luego de tanto tiempo y pese a que los donantes nunca denunciaron nada y desde hace 25 años estamos en democracia", afirmó.
El legislador reclamó una urgente recomposición del Consejo de la Magistratura de la Nación, ya que consideró que los legisladores oficialistas que lo integran actualmente presionan a los jueces. "Mientras esto no ocurra, se tramitarán causas insólitas y mi padre seguirá siendo víctima de la persecución por parte del gobierno kirchnerista. Este es otro eslabón en la cadena de venganzas, engaños y mentiras", dijo.
El legislador destacó que el plan de crear pueblos implementado durante el proceso militar solucionó numerosas necesidades habitacionales de pobladores del piedemonte, y que hubo otras donaciones avaladas por ciudadanos que ahora militan en su sector político.

Ex jefes militares "están lúcidos" para ser juzgados

Antonio Domingo Bussi, Alberto Luis Cattáneo, Albino Mario Alberto Zimmermann, Roberto Albornoz y Luis Armando de Cándido están lúcidos y en condiciones psiquiátricas de enfrentar el juicio oral por la existencia de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía, durante el proceso militar.
La conclusión le pertenece a la médico forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Mónica Santamaría, quien revisó a los cinco imputados en sus lugares de detención. En sus informes, elevado al Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF), aseveró que en todos los casos las facultades mentales de los procesados se encuentran compensadas. "Conserva la autonomía psíquica", se afirma en cada dictamen individual.
Junto a Santamaría podían participar de los controles los peritos médicos designados por las partes. Sólo la defensa de Bussi nombró a Martín Ernesto Wilde; en tanto, las querellas encomendaron la tarea a Jorge Luis Barrionuevo (con Bussi) y a Javier Fabrissin para elevar sus propios informes clínicos.
En ningún caso se evidenciaron patologías, conductas agresivas o distorsiones de la realidad que les impidan a los acusados entender su situación. La médica forense sólo aconsejó que De Cándido continúe con el tratamiento psiquiátrico ambulatorio que realiza actualmente.
Si no hay episodios relevantes, los dictámenes tienen validez por un año; por ello, estarían vigentes para el proceso oral a iniciarse en febrero de 2010.