El nuevo juicio contra Bussi se haría en febrero

La imposibilidad de definir una pronta fecha de inicio del juicio oral por el funcionamiento de un centro clandestino de detención en la ex Jefatura de Policía (avenida Sarmiento y Junín) durante el proceso militar, derivaría en que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal disponga que el proceso empiece a mediados de febrero de 2010.
La decisión sería adoptada entre hoy y principios de la próxima semana, con lo cual se cerraría el capítulo de las causas por violaciones a los derechos humanos en ese tribunal durante este año. Estaba previsto que el juicio por la ex Jefatura se concrete desde mediados de este mes, pero será imposible. Entre octubre y diciembre, Luciano Benjamín Menéndez enfrentará procesos en otras jurisdicciones, lo que le impedirá estar en la provincia, como marca el Código Procesal Penal. Hay otros siete imputados: Antonio Bussi, Albino Mario Zimmermann, Alberto Cattáneo, Roberto Heriberto Albornoz, María Elena Guerra y los hermanos Luis Armando y Carlos De Cándido.
La postergación se fundamentaría en la imposibilidad de determinar si hay planteos pendientes de resolución en otras jurisdicciones. Además, el proceso no puede ser fraccionado, juzgando sólo a unos y no a todos.

Sin datos
Desde la llegada de la causa a manos del presidente del Tribunal Oral Federal, Gabriel Casas, se informó a otros órganos judiciales de la elevación del expediente y de la inminencia del proceso oral. Pero hasta ahora, no se obtuvo un detalle de la cantidad y del estado de los recursos que esperan resolución en instancias superiores.
La indefinición generó malestar en los organismos de Derechos Humanos, que pidieron audiencia con los magistrados. Casas abrió un expediente administrativo con el pedido. "Hágase saber que la existencia de recursos pendientes de resolución radicados en otros tribunales impide la fijación de la audiencia de debate oral y público", se les respondió por nota.
El Código Procesal Penal de la Nación, en su artículo 353, permite que se eleve una causa aún cuando haya recursos por resolver, pero deben haber finalizado para que se puede determinar la fecha de comienzo de las audiencias.
Una cuestión pendiente de resolver en el tribunal es el incidente presentado por las defensas de los acusados contra la participación de los organismos de derechos humanos como querellantes en la causa, rol que les permitiría ofrecer e interrogar testigos.
También resta que los magistrados definan si se citará o no como testigo a María Estela Martínez de Perón, a pedido de la defensa de los militares, ya que ella ordenó como Presidenta el Operativo Independencia. Su participación obligaría a realizar gestiones judiciales internacionales.