El caso de la polenta terminó en un planteo por $ 6.000

Cuatro años después, el Tribunal de Cuentas (TC) concluyó que el hallazgo de 10 toneladas de alimentos en mal estado, correspondientes a planes sociales, sí implicó un daño contra el patrimonio del Estado.
El 6 de agosto de 2005, durante un allanamiento, gendarmes hallaron 10.000 kilos de comida descompuesta, que eran aprovechadas por caballos y cerdos en una finca privada de Burruyacu. La mercadería, según las pesquisas, había sido trasladada hasta el lugar desde un depósito oficial, porque estaba destinada a planes sociales. Como se recordará, a raíz del hecho, el gobernador, José Alperovich, eliminó a la Secretaría de Desarrollo Social, que encabezaba Joaquín Ferre, a quien echó junto con otros cinco funcionarios.
Apenas desatado el escándalo, el organismo de control dispuso el inicio de una comprobación sumaria para detectar la existencia de un daño contra el patrimonio del Estado. Ahora, mediante el Acuerdo Nº 2.624, el ente estatal estimó que el perjuicio económico al erario público llega a $ 5.922, producto de 18.000 unidades de polenta marca Bonillo ($ 5.635) y de 300 unidades de trigo marca La Española (cuyo valor era de $ 237).
En cuanto a los presuntos responsables, el TC tampoco dejó lugar a dudas. "En lo atinente al hecho dañoso investigado, el Decreto Acuerdo 12/4 determinó que la Dirección de Administración, cargo ocupado en julio de 2005 por Hugo Andrés Gatti, entendía en todo lo relacionado con la ejecución de las tareas administrativas, de apoyo financiero, contable, contrataciones y patrimonial de la entonces Secretaría de Políticas Sociales", advierte la resolución. "El contador Gatti, por la posición en que se encontraba dentro de la estructura jerárquica, debió velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones legales. Dicho funcionario era el responsable directo a quien correspondía impartir las directivas que tendieran a ajustar los procedimientos relativos al control del estado edilicio de los depósitos de la ex Secretaría de Políticas Sociales, la constatación de la calidad y salubridad de las mercaderías depositadas y el modo y condiciones de estibaje de los alimentos", concluye el acuerdo de los vocales Miguel Terraf (presidente), Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal.
Además de Gatti, el Tribunal de Cuentas halló como presuntos responsables del hecho a Héctor Angel Lobo (encargado del depósito) y a Julio César Casacci (sub director de Control y Monitoreo). Contra los tres, el organismo dispuso el inicio de un juicio administrativo de responsabilidad.