27 Agosto 2009 Seguir en 
BUENOS AIRES- El juez de la Corte Suprema Carlos Fayt le reclamó ayer al Poder Ejecutivo y al Congreso nacional que hagan lo que tengan que hacer para combatir al narcotráfico, tras el fallo que avaló la despenalización de la tenencia de marihuana para uso personal de adultos en ámbitos privados.
Al referirse al fallo emitido el martes, Fayt ratificó su postura al considerar que no es delito el consumo personal de marihuana en un ámbito privado y en el caso de personas mayores de edad. Cuestionó que no haya camas en ningún hospital para los adictos y reconoció que la sentencia generó opiniones a favor y en contra. El magistrado reconoció que la problemática de las drogas en la Argentina debe discutirse en el seno de la sociedad.
Además, el juez afirmó que luego de que el máximo tribunal se expidiera sobre el consumo personal de drogas, ahora le corresponde tomar las medidas conducentes a los poderes Legislativo y Ejecutivo. "Nosotros lo hemos dicho todo; ahora es la conciencia del pueblo que se despierte, y el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer y el Congreso también: la Corte ha hecho su parte", afirmó el ministro.
El martes, la Corte Suprema de Justicia despenalizó la tenencia de marihuana para consumo personal de personas adultas en el ámbito privado, siempre que no represente un peligro para la salud de terceros, en un fallo considerado histórico para la problemática de las drogas en la Argentina.
En su resolución, los jueces no se pronunciaron sobre la penalización de otras drogas ni especificaron las cantidades de marihuana permitidas, pero dejaron en claro que el consumo de marihuana u otras sustancias en la vía pública seguirá siendo reprimido por la ley.
En un fallo muy extenso, el tribunal hizo expresa aclaración de que su pronunciamiento "en modo alguno implica legalizar la droga".
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se mostró ayer satisfecho con el fallo de la Corte, y aseguró que sigue vigente el compromiso del Gobierno de atacar en forma despiadada al narcotráfico.
De esta forma, Fernández salió a responder a la requisitoria de los ministros del máximo tribunal para que todos los poderes públicos aseguren una política de Estado contra el tráfico ilícito. Asimismo, reiteró la necesidad de que no se castigue al 'perejil', de terminar con la criminalización del adicto y del consumidor.
En tanto, el secretario de Programación para Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, estimó que la polémica en torno al fallo no resulta positiva y que se debe acatar ese dictamen.
"Hay que demistificar este tema, es un fallo del máximo tribunal que sólo sienta jurisprudencia, y hay que respetarlo", manifestó. Para el titular del Sedronar, "plantear esto como un Boca-River no le sirve a la sociedad" y señaló que el fallo lo único que hace es certificar lo que ya venía sucediendo en la Justicia por parte de muchos jueces.
"El problema de las adicciones es un problema de salud y no hay por qué tirárselo a la Justicia", manifestó luego, y precisó que el problema de la droga tiene otros aspectos -sociales, de seguridad, familiares- que se deben atender.
Al respecto, admitió que aún falta mucho por hacer, pero aclaró que desde el Gobierno y desde la secretaría a su cargo se trabaja al máximo dentro sus posibilidades.
"El fallo fija una posición que es jurisprudencial, que garantiza lo estipulado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y fija los límites al ámbito privado, y hay que respetarlo", afirmó Granero.
El Arzobispado de Mendoza, a favor
El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, dijo ayer que el fallo de la Corte Suprema es muy preciso y pone el acento en la prevención y en atacar el narcotráfico. Afirmó que la sentencia "no legaliza la droga, el uso de droga o la circulación de droga. Resaltó que el adicto es un enfermo y no un criminal y que hay que recuperarlo.
El arzobispo de Gualeguaychú, en contra
"Entendemos el espíritu de la mirada jurídica, pero no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este flagelo de las drogas", dijo el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano. "Las políticas públicas deberían orientar sin dudas a desalentar el consumo de drogas", reafirmó el prelado. (Télam-NA-DyN)
Al referirse al fallo emitido el martes, Fayt ratificó su postura al considerar que no es delito el consumo personal de marihuana en un ámbito privado y en el caso de personas mayores de edad. Cuestionó que no haya camas en ningún hospital para los adictos y reconoció que la sentencia generó opiniones a favor y en contra. El magistrado reconoció que la problemática de las drogas en la Argentina debe discutirse en el seno de la sociedad.
Además, el juez afirmó que luego de que el máximo tribunal se expidiera sobre el consumo personal de drogas, ahora le corresponde tomar las medidas conducentes a los poderes Legislativo y Ejecutivo. "Nosotros lo hemos dicho todo; ahora es la conciencia del pueblo que se despierte, y el Ejecutivo haga lo que tiene que hacer y el Congreso también: la Corte ha hecho su parte", afirmó el ministro.
El martes, la Corte Suprema de Justicia despenalizó la tenencia de marihuana para consumo personal de personas adultas en el ámbito privado, siempre que no represente un peligro para la salud de terceros, en un fallo considerado histórico para la problemática de las drogas en la Argentina.
En su resolución, los jueces no se pronunciaron sobre la penalización de otras drogas ni especificaron las cantidades de marihuana permitidas, pero dejaron en claro que el consumo de marihuana u otras sustancias en la vía pública seguirá siendo reprimido por la ley.
En un fallo muy extenso, el tribunal hizo expresa aclaración de que su pronunciamiento "en modo alguno implica legalizar la droga".
El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, se mostró ayer satisfecho con el fallo de la Corte, y aseguró que sigue vigente el compromiso del Gobierno de atacar en forma despiadada al narcotráfico.
De esta forma, Fernández salió a responder a la requisitoria de los ministros del máximo tribunal para que todos los poderes públicos aseguren una política de Estado contra el tráfico ilícito. Asimismo, reiteró la necesidad de que no se castigue al 'perejil', de terminar con la criminalización del adicto y del consumidor.
En tanto, el secretario de Programación para Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), José Granero, estimó que la polémica en torno al fallo no resulta positiva y que se debe acatar ese dictamen.
"Hay que demistificar este tema, es un fallo del máximo tribunal que sólo sienta jurisprudencia, y hay que respetarlo", manifestó. Para el titular del Sedronar, "plantear esto como un Boca-River no le sirve a la sociedad" y señaló que el fallo lo único que hace es certificar lo que ya venía sucediendo en la Justicia por parte de muchos jueces.
"El problema de las adicciones es un problema de salud y no hay por qué tirárselo a la Justicia", manifestó luego, y precisó que el problema de la droga tiene otros aspectos -sociales, de seguridad, familiares- que se deben atender.
Al respecto, admitió que aún falta mucho por hacer, pero aclaró que desde el Gobierno y desde la secretaría a su cargo se trabaja al máximo dentro sus posibilidades.
"El fallo fija una posición que es jurisprudencial, que garantiza lo estipulado en el artículo 19 de la Constitución Nacional y fija los límites al ámbito privado, y hay que respetarlo", afirmó Granero.
El Arzobispado de Mendoza, a favor
El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis, dijo ayer que el fallo de la Corte Suprema es muy preciso y pone el acento en la prevención y en atacar el narcotráfico. Afirmó que la sentencia "no legaliza la droga, el uso de droga o la circulación de droga. Resaltó que el adicto es un enfermo y no un criminal y que hay que recuperarlo.
El arzobispo de Gualeguaychú, en contra
"Entendemos el espíritu de la mirada jurídica, pero no es facilitando el consumo, ni haciendo aparecer como que está bien lo que está mal, que vamos a superar este flagelo de las drogas", dijo el obispo de Gualeguaychú, monseñor Jorge Lozano. "Las políticas públicas deberían orientar sin dudas a desalentar el consumo de drogas", reafirmó el prelado. (Télam-NA-DyN)
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