Dos proyectos destinados a recrudecer el combate contra la quema de cañaverales enfrentan a legisladores del oficialismo. El primero, que impulsan Daniel Heredia y Roque Alvarez, establece que podrá aplicarse prisión preventiva de cinco días a quien fuera encontrado provocando uno de esos incendios.
La otra propuesta, promovida por Miriam Gallardo, Fernando Juri Debo, Heredia y Alvarez, comenzó como propuesta de resolución y terminó como proyecto de ley. Su texto recupera un instructivo elaborado por fiscales de Instrucción provinciales para que sea aplicado por la Policía. La idea es que se transforme en pasos formales obligatorios para el Ministerio de Seguridad Ciudadana, como aplicación práctica del Código Procesal Penal.
Desde que sea aprobado, las actuaciones policiales podrán originarse de oficio por los agentes que detecten un incendio, por denuncia o por comunicación de cualquier repartición pública. La comisaría de la zona afectada deberá constituirse en el lugar de la quema y adoptar medidas de preservación y seguridad para evitar que desaparezcan los elementos del delito y para asegurar las pruebas. Además, deberán identificar a quienes vivan allí, a los dueños del predio, a los capataces y a los obreros y, especialmente, a los autores de siniestro. Podrán secuestrar elementos y producir aprehensiones. De este modo, se profundizará la represión penal para impedir que la práctica continúe.
Los policías deberán notificar al fiscal de turno, a los bomberos y a Defensa Civil.
Rispideces
El asuntó ya generó encontronazos entre los propios alperovichistas en la última sesión de la Legislatura, durante la cual se aprobaron resoluciones que condenan la quema de cañaverales. Gallardo, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, criticó severamente esa práctica.
Al cruce salieron Raúl Lossi y Manuel Fernández, quienes se oponen a endurecer las penas contra los incendios de plantaciones. Ellos, tras recordarle a Gallardo que su marido, César Dip, es intendente de San Isidro de Lules, le preguntaron, respectivamente, acerca de qué hace el departamento Lules respecto de la contaminación de las fábricas de golosinas y de papel.
La otra propuesta, promovida por Miriam Gallardo, Fernando Juri Debo, Heredia y Alvarez, comenzó como propuesta de resolución y terminó como proyecto de ley. Su texto recupera un instructivo elaborado por fiscales de Instrucción provinciales para que sea aplicado por la Policía. La idea es que se transforme en pasos formales obligatorios para el Ministerio de Seguridad Ciudadana, como aplicación práctica del Código Procesal Penal.
Desde que sea aprobado, las actuaciones policiales podrán originarse de oficio por los agentes que detecten un incendio, por denuncia o por comunicación de cualquier repartición pública. La comisaría de la zona afectada deberá constituirse en el lugar de la quema y adoptar medidas de preservación y seguridad para evitar que desaparezcan los elementos del delito y para asegurar las pruebas. Además, deberán identificar a quienes vivan allí, a los dueños del predio, a los capataces y a los obreros y, especialmente, a los autores de siniestro. Podrán secuestrar elementos y producir aprehensiones. De este modo, se profundizará la represión penal para impedir que la práctica continúe.
Los policías deberán notificar al fiscal de turno, a los bomberos y a Defensa Civil.
Rispideces
El asuntó ya generó encontronazos entre los propios alperovichistas en la última sesión de la Legislatura, durante la cual se aprobaron resoluciones que condenan la quema de cañaverales. Gallardo, presidenta de la comisión de Medio Ambiente, criticó severamente esa práctica.
Al cruce salieron Raúl Lossi y Manuel Fernández, quienes se oponen a endurecer las penas contra los incendios de plantaciones. Ellos, tras recordarle a Gallardo que su marido, César Dip, es intendente de San Isidro de Lules, le preguntaron, respectivamente, acerca de qué hace el departamento Lules respecto de la contaminación de las fábricas de golosinas y de papel.









