Desdorosa solicitud a la OEA

Por primera vez, un gobierno argentino ha solicitado formalmente veedores electorales para los comicios presidenciales, mediante comunicación oficial del canciller Carlos Ruckauf a la Organización de los Estados Americanos. Dicha solicitud se produjo cuatro días antes del escándalo registrado en Catamarca, donde la elección de autoridades provinciales fue impedida por acciones de violencia sin precedentes de partidarios del candidato justicialista a gobernador, el senador nacional Luis Barrionuevo.
Ambos hechos deben relacionarse si se consideran las amenazas que, con anterioridad, el propio postulante para la gobernación había planteado frente a su descalificación por la Justicia catamarqueña, en un trámite confuso que todavía debe resolverse ante la Corte Suprema de la Nación. Los bochornosos acontecimientos, emparentados con el alto grado de descomposición que se advierte en los principales partidos políticos, no han sido la única razón de aquella solicitud que sumó un nuevo motivo de desprestigio para el país.
Mayor influencia ha tenido en esa desdorosa decisión oficial el cuestionable crédito del Gobierno como garante de un calendario electoral que transcurre entre dudas y vacilaciones, por falta de la independencia debida a su carácter transicional.
A pedido de la jueza electoral María Servini de Cubría, desde la Presidencia de la Nación se explicó que tal solicitud respondió a la necesidad de garantizar la transparencia y certeza de los comicios, frente a las extendidas sospechas de la opinión nacional y la externa. "Jamás tuve un cuestionamiento en los procesos electorales donde debí intervenir", señaló la magistrada, en tanto que la Cámara Nacional Electoral exigió al Poder Ejecutivo mediante una acordada, un informe sobre los alcances y término de la intervención requerida, y de su marco normativo. Esa figura no está prevista en el Código Electoral y, en consecuencia, el tribunal solicitó al Gobierno que extreme las medidas de seguridad electoral. Tal ausencia de regulación del tema en nuestra legislación requeriría, pues, una intervención legislativa del Congreso, para lograr que semejante tarea internacional fuera algo más que una presencia inoperante en el proceso electoral, por lo que debe entenderse que el pedido oficial ha procurado tan sólo un golpe de efecto para garantizar lo que el Gobierno no puede por sí mismo.
Los casos más recientes donde la OEA aceptó el rol de observadora con veedores, han sido los de Perú y Venezuela, pero el organismo interamericano lo hizo bajo la convicción de que el sistema democrático fue puesto en peligro en ambos países. No es esa la situación argentina, donde no hay tensiones que pongan en riesgo la continuidad institucional democrática, por lo que la solicitud del Gobierno no ha hecho sino llamar la atención sobre otras cuestiones que afectan a la confianza requerida por el país para lograr su recuperación de la crisis. La primera de ellas, por su gravedad, es el hecho de que el Gobierno de transición se comporte como una corriente interna en el duro conflicto de su partido. En ese sentido y conforme se ha ido acercando el desenlace electoral, el Presidente y sus colaboradores han extremado esa gestión mediante la identificación plena con uno de los candidatos, agravando la confrontación con sus rivales partidarios, responsables de la oposición más severa que debe soportar.
Seguramente ya es tarde para poner fin a tan reprobable situación, por lo que el problema provoca el riesgo de su herencia por quien surja de la voluntad popular, quedando la responsabilidad de eludirlo para la sabiduría de los electores, cuya prueba ante las urnas deberá orientarse hacia la verdadera renovación de sus representantes.