Pesada herencia de la transición

El proyecto más inmediato y trascendente del gobierno que asumirá el 25 de mayo será asegurarse el ejercicio del poder en plenitud constitucional. Es decir, la gobernabilidad, cuya pérdida creciente a partir de la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, en octubre de 2000, marcó el comienzo de la crisis todavía presente en la República. La experiencia histórica testimonia que no basta por sí misma la decisión de las urnas si no concurren, además de los condicionamientos constitucionales, determinadas situaciones políticas que aseguren el poder fáctico de la autoridad presidencial. El mejor servicio que puede prestar a esa causa el gobierno de transición será aliviar el peso de los problemas acumulados durante su gestión, con el máximo ordenamiento posible en la transferencia del poder, para que su sucesor pueda encaminarse rápidamente por el cauce de sus compromisos con la ciudadanía. Dos grandes cuestiones sobre las que se ha pasado con ligereza permiten anticipar, sin embargo, que la futura administración nacional deberá partir de una realidad muy poco consecuente con ese proyecto. Durante más de seis meses el Poder Ejecutivo deberá cogobernar con la composición actual de la Cámara de Diputados, seguramente muy distinta de la que tendrá a partir de diciembre y, hasta entonces, habrá una sucesión de elecciones en casi todos los distritos. Ambas situaciones impedirán que el clímax de expectativas del futuro gobierno sea el adecuado para su difícil gestión.
La Constitución ha previsto que la renovación por mitades de la Cámara baja coincida con la elección presidencial, para permitir que quien asuma el Gobierno lleve consigo el apoyo lógico de las urnas, pero eso no ocurrirá ahora porque el presidente Eduardo Duhalde resolvió acortar el mandato que le otorgó el Congreso hasta completar el de Fernando de la Rúa. Por lo demás, las divisiones provocadas por la interna justicialista agregan incertidumbre a esa realidad. En el aspecto señalado aparece nuevamente el error que representa apartarse de las pautas constitucionales, cuya previsibilidad garantiza el sistema de relaciones interpoderes. En cuanto a las elecciones escalonadas en la gran mayoría de las provincias y el distrito federal, si bien constituyen opciones en sus respectivos sistemas, casi todas ellas están respondiendo a intereses políticos locales que pretenden beneficiarse del oportunismo. Ese desprecio del interés político nacional representa también un costo económico mayor, al no aprovechar el efecto movilizador de los comicios presidenciales. La tendencia unificadora -sin contrariar los órdenes institucionales locales- había comenzado a afirmarse años atrás, pero la crisis de los grandes partidos ha impedido que el actual Gobierno, comprometido en una de ellas, gestionase con las provincias y la ciudad de Buenos Aires un acuerdo consecuente con la gravedad de la crisis.
Mucho indica así que el futuro gobierno se sentirá arrastrado a ser parte de las sucesivas pruebas electorales en la mayoría de los distritos, especialmente por el hecho de que influirán en la renovación posterior de la Cámara de Diputados. Por otra parte, esa demorada recomposición parlamentaria tentará al futuro Poder Ejecutivo a practicar un uso intenso de los decretos de necesidad y urgencia para asegurar su gobernabilidad, cuyo mecanismo de control por el Congreso sigue sin reglamentar desde hace seis años, dando lugar a una práctica abusiva. La falta de respeto a los términos constitucionales y la identificación del proceso de transición con la crisis que conmueve al partido oficialista representan una carga política considerable para el futuro gobierno, muy difícil de sobrellevar sin el apoyo del voto ciudadano.