07 Marzo 2003 Seguir en 
El sistema carcelario de Salta está desbordado, y las condiciones de los presos por delitos federales parece ser la peor. Hay casi 130 personas hacinadas en un edificio preparado para alojar a 50. Algunas, incluso, están confinadas en un camión celular.
Ante esta situación, el juez federal salteño Abel Cornejo decidió hacer lugar a un recurso de hábeas corpus de la Defensoría Oficial. Propone que esos condenados sean alojados en edificios que desocupó el Ejército en Tucumán. Uno de ellos es el del ex Comando de la V Brigada de Infantería (avenida Sarmiento al 400) y el otro es el del ex Hospital Militar (Italia y Viamonte). En el fallo, Cornejo requiere al Ministerio de Justicia que gestione ante el Ministerio de Defensa para obtenerlos en comodato. La propuesta no parece contar con acuerdo en Tucumán, donde el Servicio Penitenciario Nacional debe más de $ 2,5 millones a la Provincia por la manutención de los 63 presos federales que se encuentran en los penales de Villa Urquiza, de Concepción y en la cárcel de Lastenia. Los internos federales de Salta y de Tucumán, en su mayoría, están presos por causas que tienen que ver con el tráfico y la venta de drogas.
Desde la Dirección Provincial de Institutos Penales opinaron que los edificios pedidos no son adecuados para cumplir la función de cárcel, por ser demasiado céntricos. Lo ideal es que una penitenciaría esté al menos a 30 kilómetros de la ciudad, dijeron.
El abogado penalista Sebastián Herrera Prieto dijo que ni la antigua sede del Comando ni el Hospital Militar están preparados para funcionar como cárceles. "Hay que tomar recaudos para garantizar la seguridad de los presos y de la comunidad", indicó.
Fuentes técnicas de la Justicia Federal de Tucumán apuntaron otro inconveniente: la distancia entre el juez de ejecución y el condenado hará perder ventajas al interno. En cuestiones como la libertad condicional, el juez será un extraño para el penado en Salta, y se delegará la ejecución relativa en un juez de otra jurisdicción; en este caso, de Tucumán.
Ante esta situación, el juez federal salteño Abel Cornejo decidió hacer lugar a un recurso de hábeas corpus de la Defensoría Oficial. Propone que esos condenados sean alojados en edificios que desocupó el Ejército en Tucumán. Uno de ellos es el del ex Comando de la V Brigada de Infantería (avenida Sarmiento al 400) y el otro es el del ex Hospital Militar (Italia y Viamonte). En el fallo, Cornejo requiere al Ministerio de Justicia que gestione ante el Ministerio de Defensa para obtenerlos en comodato. La propuesta no parece contar con acuerdo en Tucumán, donde el Servicio Penitenciario Nacional debe más de $ 2,5 millones a la Provincia por la manutención de los 63 presos federales que se encuentran en los penales de Villa Urquiza, de Concepción y en la cárcel de Lastenia. Los internos federales de Salta y de Tucumán, en su mayoría, están presos por causas que tienen que ver con el tráfico y la venta de drogas.
Desde la Dirección Provincial de Institutos Penales opinaron que los edificios pedidos no son adecuados para cumplir la función de cárcel, por ser demasiado céntricos. Lo ideal es que una penitenciaría esté al menos a 30 kilómetros de la ciudad, dijeron.
El abogado penalista Sebastián Herrera Prieto dijo que ni la antigua sede del Comando ni el Hospital Militar están preparados para funcionar como cárceles. "Hay que tomar recaudos para garantizar la seguridad de los presos y de la comunidad", indicó.
Fuentes técnicas de la Justicia Federal de Tucumán apuntaron otro inconveniente: la distancia entre el juez de ejecución y el condenado hará perder ventajas al interno. En cuestiones como la libertad condicional, el juez será un extraño para el penado en Salta, y se delegará la ejecución relativa en un juez de otra jurisdicción; en este caso, de Tucumán.
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