"Efecto Fayt"

¿Qué diría, entonces, Carlos Fayt si viviera en Tucumán? El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene clamando por una reestructuración del Consejo de la Magistratura que actúa en el orden federal. Con sensatez, esgrime que la Ley 26.080, sancionada en febrero de 2006 por iniciativa de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, "ha manchado de política" a dicho órgano, concebido en 1994 precisamente para todo lo contrario: para despartidizar el Poder Judicial, de manera que quienes se desempeñen en la judicatura, tras rigurosas y objetivas pautas de selección, lo hagan por el derecho propio de sus merecimientos (profesionales y académicos) y no por el dedo del favor de alguien que luego vaya a exigirle ciertas contraprestaciones.  
La queja radica en que, al haberse podado de 20 a 13 el número de miembros de dicho consejo, el estamento político ha quedado en ventaja numérica (siete de 13), porque se ha quebrado el equilibrio -ordenado por la Constitución- que antes imperaba entre la representación política, y la de los jueces y abogados. Estos últimos, por cierto, fueron los principales damnificados, porque, con sólo dos consejeros, han sido relegados de la estratégica comisión de Selección de Magistrados, en cuya órbita se llevan adelante los concursos, además de ser la que califica los antecedentes de los aspirantes. En definitiva, Fayt reconoce que ha fracaso la trampa kirchnerista, que consistía en obsequiarles tres plazas a los jueces -el mismo cupo reservado para senadores y diputados- y, de paso, aliarlos en la entente tramada para desplazar o rebanar la gravitación de los letrados que ejercen libremente la profesión. 

Transacción inédita
¡Si Fayt supiera que en esta provincia -como siempre a contramano de lo institucionalmente razonable- estaban pergeñando para el Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) un diseño aún más desequilibrado -e írrito- que el de la Ley 26.080! La idea consistía en ensayar una fórmula transaccional inédita, según la cual los tres poderes del Estado iban a monopolizar herméticamente el proceso de selección y designación de los jueces. En teoría, José Alperovich resignaba la participación del Poder Ejecutivo en el CAM, pero se la aseguraba por vía oblicua, porque impulsaba que a dicho órgano sólo lo integraran tres jueces (dos de ellos, por supuesto, vocales de la Corte Suprema, número que curiosamente coincide con el de miembros que Alperovich ha designado en ese tribunal) y tres legisladores. Como si esto fuera poco, también a contrapelo del resto del país, se pretendía que luego de la celebración de los concursos, el CAM le elevara un quinteto de postulantes por cargo vacante -y no una terna- al gobernador. Con esto se reconocía que, en realidad, en ese esquema no importaba tanto la selección en virtud del mérito, como mantener incólume las compuertas de la discrecionalidad para que Alperovich pudiera nombrar unos 40 jueces. Esto hizo que algunos advirtieran que la sigla CAM corría el riesgo de ser degradada hasta el punto de significar mero Club de Amigos Magistrados o, peor, Consejo Alperovichista de la Magistratura.
Desde el viernes, en el influyente segundo piso del palacio de Tribunales diagnostican que el proyecto primigenio del oficialismo se hunde como el Titanic. Por eso, ya hay quien saludablemente defiende que al CAM, además de tres legisladores (uno de ellos por la minoría), deben formarlo dos magistrados (sólo uno de ellos, vocal de la Corte y el otro elegido por el voto directo de jueces, fiscales y defensores) y la gran novedad: un abogado de la capital o de Concepción, según donde haya que cubrir la vacante, también seleccionado por el voto de sus pares. Aún no se alcanza el óptimo del equilibrio, pero es, sin duda, un avance, que se conecta con la señal que envían algunos legisladores alperovichistas que, con sentido común, llaman a dialogar con el estamento de los letrados, como dando a entender que con la marginación de estos no habrá solución posible. No obstante, el riesgo es que el gobernador planteé este cambio como una concesión de buena voluntad cuando, en realidad, en la conformación pluriestamental (no bipolar) y armónica radica la razón de ser del CAM, sin contar que eso surge de lo establecido por la propia Justicia cuando se pronunció sobre la cuestión.  
En la nueva iniciativa, lo del quinteto se sostiene aún menos teniendo en cuenta que, después de la sentencia que detrajo el CAM de la órbita del Poder Ejecutivo, aquel no puede ser considerado un insignificante órgano de la administración pública, pese a que así siga siendo concebido en el precario imaginario institucional del oficialismo.   
Ojalá que el "efecto Fayt", sumado al alentador proceso de desmonarquización que esta sufriendo el kirchenismo -del que aún no toma nota el alperovichismo- cunda en la Corte tucumana. Su prestigio -e independencia real- también dependen de que el CAM no sea una sigla amañada, huérfana de valores, que sólo sirva a otros propósitos, sino un verdadero cambio de paradigma institucional en la forma de reclutar a los jueces. No en vano el constitucionalista Néstor Pedro Sagüés enseña que los Consejos de la Magistratura constituyen un valioso dispositivo destinado a resolver "la crisis contemporánea de legitimidad del Poder Judicial, que es triple: de calidad, de imparcialidad y de eficacia".