La Justicia y el Gobierno

Desde la restauración del orden constitucional hace veinte años, las relaciones entre los sucesivos gobiernos nacionales y la Corte Suprema de Justicia no han sido el modelo deseable requerido por el buen funcionamiento institucional de la República.
Ya sea por la docilidad política con que un número suficiente de jueces del máximo tribunal aseguró la desdorosa "mayoría automática" para el Poder Ejecutivo, o bien por el propósito del actual gobierno de transición de servirse de ella, impulsando inclusive un frustrado enjuiciamiento parlamentario de todos sus integrantes. Por su parte, la Corte ha demostrado que su composición durante las últimas dos décadas tampoco ha estado exenta de diferencias que, más allá de la necesaria independencia recíproca de sus miembros, dejaron ante la sociedad sensaciones de crisis latente que dañaron la imagen de la Justicia.
A la realidad descripta se sumaron recientemente singulares manifestaciones del presidente Eduardo Duhalde, quien imputó al máximo tribunal y llegó a generalizar en el Poder Judicial, una tentación grande de querer gobernar. El jefe del gobierno se refirió así a una serie de fallos y acordadas que contradicen la voluntad del Ejecutivo, y que implicarían obligaciones para el Estado de cumplimiento imposible, así como daños excepcionales para los intereses generales.
Entre esas cuestiones, Duhalde mencionó el complejo tema de la redolarización de los depósitos pesificados, el reintegro de haberes retenidos a empleados públicos y jubilados, el freno de tarifas de servicios y algunos más que se interponen a decisiones gubernamentales.
La admonición presidencial cruzó así la imaginaria y frágil línea que define la independencia de los poderes, sugiriendo transparentemente que el deber del Judicial y, especialmente, el de la Corte, debería ser de acompañamiento a las decisiones del Ejecutivo; de lo contrario, supone el Presidente, se estaría ante el gobierno de los jueces.
El proceso de transición institucional a que condujo la crisis ha tenido la particularidad de una emergencia excepcional, como consecuencia tanto del gobierno de la Alianza, cuanto de algunos errores graves del actual y de su brevísimo predecesor. El propio doctor Duhalde lo ha reconocido así en más de una ocasión, al combinarse la aplaudida, como sorprendente, declaración de insolvencia, y la posterior devaluación sin amortiguadores, que dejaron a la economía nacional en una profunda incertidumbre con alto costo social. Si los golpes de Estado fueron en el pasado las agresiones típicas contra el orden constitucional, en esta oportunidad, lo ha sido una forzada declaración de emergencia que irrumpió en el estado de derecho afectando la seguridad jurídica hasta desconocer el de propiedad.
Las consecuencias han sido una escalada contra el orden legal en aspectos tan variados como el dominio de legítimos intereses económicos individuales o el derecho a circular libremente y con seguridad, afectado por la reconocida impunidad de quienes lo violan. En tales condiciones, si los jueces dejaran de reconocer los derechos vulnerados, dejarían de cumplir con sus responsabilidades de asegurar el orden jurídico que la Constitución -no derogada ni suspendida- determina como condición ineludible del estado de Derecho.
Pero entre lo justo y lo posible existe también una sutil línea de prudencia donde ambos deben coincidir, permitiendo la protección de los intereses generales que una determinada situación pone en riesgo.
Ese es el punto donde históricamente aparecen los tribunales supremos de las sociedades más evolucionadas, asumiendo un carácter necesariamente político, para impedir que la legitimidad de sus pronunciamientos se establezca a costa de lo posible. Esa es la función de la jurisprudencia, cuya definición expresa transparentemente el respeto por el orden jurídico como regla de juego para acceder al bien común.