El modelo comiteril

Es difícil para el poder central lavarse las manos en el conflicto electoral de Catamarca, como pretenden aquí las voces oficiales, ni tampoco son vírgenes ultrajadas el oficialismo y la Justicia catamarqueños, que aceptaron y dispusieron la exclusión del PJ de las urnas pretextando el polémico perfil de Luis Barrionuevo. Pero la mancha no sólo ensucia a sus protagonistas, sino también a los históricos partidos que hoy disputan el poder en medio de una crisis de desprestigio nacional sin precedentes. Los episodios, previstos y consumados sin pudor alguno, mostraron una riña comiteril de la que estuvo ausente la comunidad provincial, por temor, y seguramente también por vergüenza; dos sensaciones muy testimoniales de las que puede pensarse cómo podrá ser el futuro gobierno de Catamarca. En la cartera política no se había podido elaborar todavía una estrategia adecuada y creíble para tomar distancia de ese asunto que algunos ven como un pronóstico de lo que podría acontecer en las elecciones presidenciales si las dirigencias justicialistas, comenzando por el propio presidente Duhalde, siguen apretándose recíprocamente y sin visos de ajustar un armisticio.

Más Corte
Cuando se reúna hoy la Corte Suprema en sesión de acuerdo tendrá, pues, un asunto más cuya forzosa decisión -no en la jornada, por cierto- forma parte de esas cuestiones que Duhalde considera como irritante testimonio del gobierno de los jueces. Así se lo había señalado al gobernador catamarqueño, Oscar Castillo, cuando antes del escándalo dominical le expresó que esperaba una decisión popular y no de fallos judiciales. Sin embargo, esta vez, ni siquiera el máximo tribunal podrá aportar a la solución política que los catamarqueños desean. El alto tribunal, según la mayoría de observadores forenses, decidiría dolarizar el depósito pesificado de San Luis por casi U$S 247 millones, aunque no determinaría el momento y el modo de reintegrarlo a la provincia. El problema no tiene ahora para el Palacio de Hacienda la gravedad de un tiempo atrás y, de producirse el fallo, el ministro Roberto Lavagna llegaría a un acuerdo con la banca (ABA y Abappra), cuyas líneas fundamentales se trazaron ya hace algunas semanas. La Corte, decía ayer un vocero del ministro, no puede desconocer un derecho constitucional, pero tampoco está obligada a determinar su ejecución.

Testigo molesto
El viernes último había preocupación -inclusive entre los jueces votantes más intransigentes en ese acuerdo- porque en la misma jornada estaría en Buenos Aires el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario, Anoop Singh, analizando con Lavagna la marcha fiscal, en relación con el acuerdo chico firmado con el organismo. El exigente funcionario internacional es uno de los hombres del FMI más severos contra una decisión que favorezca la dolarización, pero no se advierte que la Corte pueda demorar una vez más sin duras críticas una demostración de independencia para defender la seguridad jurídica. (De nuestra Sucursal)