03 Marzo 2003 Seguir en 
El derecho de los argentinos a elegir a sus gobernantes mediante el voto ha sido coartado ayer en Catamarca de manera inadmisible. La suspensión de la elección de gobernador y vicegobernador, en la que 210.000 ciudadanos estaban habilitados para sufragar, es uno de los hechos más vergonzosos de la historia política argentina, al menos desde el advenimiento de la democracia en 1983.
La actuación del senador peronista Luis Barrionuevo, desobedeciendo a la Justicia de la Nación y a la de su provincia, intentando infringir la ley para presentarse como candidato pese a no cumplir los requisitos, e incitando a la violencia que finalmente se desencadenó, está reñida de todos los principios de legalidad y de legitimidad que desde aquí hemos reivindicado siempre.
Sus declaraciones a un matutino porteño, en las que amenazó con llevarse las urnas a las unidades básicas si no le permitían ser candidato, no pueden ser pasadas por alto por el Senado, que tiene la facultad de corregir la conducta de sus miembros. Ya el catamarqueño Horacio Pernasetti, titular del bloque de diputados radicales, dijo que pedirá la expulsión del parlamentario.
El Gobierno nacional tampoco puede tolerar esta clase de avasallamientos, sobre todo porque lo último que esperan y que necesitan los argentinos es que se enrarezca el clima electoral cuando el mes que viene, más precisamente el 27 de abril, deben realizarse los comicios en los que se elijan al presidente y al vicepresidente de la Nación.
El Poder Ejecutivo catamarqueño también debió prever estos disturbios y reforzar la seguridad para evitar los condenables desmanes.
El debate que subyace gira en torno de los tiempos de la Justicia que, al frustrar la postulación en el tramo final de la campaña, actuó como detonante del escándalo. La poca transparencia en las subrogancias del Juzgado Federal que intervino en favor de Barrionuevo configura otro hecho reprochable.
Los hechos de vandalismo, verdaderos ataques contra la democracia, vuelven a transmitir al exterior una imagen vergonzosa y vergonzante que nada tiene que ver con el país que quieren los argentinos.
Precisamente, cuando el presidente uruguayo Jorge Batlle aseguró en 2002 que los argentinos son "una manga de ladrones del primero hasta el último" (sic), fundó sus dichos en la afirmación de Barrionuevo: "si nos dejamos de robar dos años vamo?a andar bien" (sic). El dirigente gastronómico fue también quien aseveró que la plata no se hace trabajando.Ayer, en la vecina provincia, hinchas del club Chacarita Juniors, del cual Barrionuevo es presidente, habrían llegado desde Buenos Aires para impedir el acceso de los catamarqueños a las escuelas donde se votaba. Arrojaban, además, bombas de estruendo al interior de los locales, agrediendo a las autoridades de mesas. Dirigentes de la Juventud Peronista quemaban neumáticos y cortaban calles y rutas.
En la localidad de Aconquija, las urnas directamente desaparecieron. Se liberaron órdenes de detención contra 15 intendentes del justicialismo, que dispusieron unilateralmente la suspensión de los comicios en sus jurisdicciones.En la ciudad de Recreo, militantes peronistas llegaron al extremo de tomar por la fuerza dos escuelas e impedir que se concretara el acto eleccionario. Al corolario lo dio el candidato a senador Humberto Pintos, hombre cercano a Barrionuevo, quien fue detenido mientras intentaba llevarse una urna a su casa.
La imagen remite, ineludible y dolorosamente, a aquella expresión del ex presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, quien, durante el Proceso de Reorganización Nacional, dijo: "las urnas están guardadas, y bien guardadas".
Las autoridades nacionales y provinciales no pueden consentir en modo alguno esta verdadera muestra de desprecio en contra de la ley. Mucho menos, de parte de un senador de la Nación, a quien se le atribuye en razón de su cargo el título honorífico de "Padre de la Patria".
Recomponer la autoridad pública es impostergable e indispensable.
La actuación del senador peronista Luis Barrionuevo, desobedeciendo a la Justicia de la Nación y a la de su provincia, intentando infringir la ley para presentarse como candidato pese a no cumplir los requisitos, e incitando a la violencia que finalmente se desencadenó, está reñida de todos los principios de legalidad y de legitimidad que desde aquí hemos reivindicado siempre.
Sus declaraciones a un matutino porteño, en las que amenazó con llevarse las urnas a las unidades básicas si no le permitían ser candidato, no pueden ser pasadas por alto por el Senado, que tiene la facultad de corregir la conducta de sus miembros. Ya el catamarqueño Horacio Pernasetti, titular del bloque de diputados radicales, dijo que pedirá la expulsión del parlamentario.
El Gobierno nacional tampoco puede tolerar esta clase de avasallamientos, sobre todo porque lo último que esperan y que necesitan los argentinos es que se enrarezca el clima electoral cuando el mes que viene, más precisamente el 27 de abril, deben realizarse los comicios en los que se elijan al presidente y al vicepresidente de la Nación.
El Poder Ejecutivo catamarqueño también debió prever estos disturbios y reforzar la seguridad para evitar los condenables desmanes.
El debate que subyace gira en torno de los tiempos de la Justicia que, al frustrar la postulación en el tramo final de la campaña, actuó como detonante del escándalo. La poca transparencia en las subrogancias del Juzgado Federal que intervino en favor de Barrionuevo configura otro hecho reprochable.
Los hechos de vandalismo, verdaderos ataques contra la democracia, vuelven a transmitir al exterior una imagen vergonzosa y vergonzante que nada tiene que ver con el país que quieren los argentinos.
Precisamente, cuando el presidente uruguayo Jorge Batlle aseguró en 2002 que los argentinos son "una manga de ladrones del primero hasta el último" (sic), fundó sus dichos en la afirmación de Barrionuevo: "si nos dejamos de robar dos años vamo?a andar bien" (sic). El dirigente gastronómico fue también quien aseveró que la plata no se hace trabajando.Ayer, en la vecina provincia, hinchas del club Chacarita Juniors, del cual Barrionuevo es presidente, habrían llegado desde Buenos Aires para impedir el acceso de los catamarqueños a las escuelas donde se votaba. Arrojaban, además, bombas de estruendo al interior de los locales, agrediendo a las autoridades de mesas. Dirigentes de la Juventud Peronista quemaban neumáticos y cortaban calles y rutas.
En la localidad de Aconquija, las urnas directamente desaparecieron. Se liberaron órdenes de detención contra 15 intendentes del justicialismo, que dispusieron unilateralmente la suspensión de los comicios en sus jurisdicciones.En la ciudad de Recreo, militantes peronistas llegaron al extremo de tomar por la fuerza dos escuelas e impedir que se concretara el acto eleccionario. Al corolario lo dio el candidato a senador Humberto Pintos, hombre cercano a Barrionuevo, quien fue detenido mientras intentaba llevarse una urna a su casa.
La imagen remite, ineludible y dolorosamente, a aquella expresión del ex presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri, quien, durante el Proceso de Reorganización Nacional, dijo: "las urnas están guardadas, y bien guardadas".
Las autoridades nacionales y provinciales no pueden consentir en modo alguno esta verdadera muestra de desprecio en contra de la ley. Mucho menos, de parte de un senador de la Nación, a quien se le atribuye en razón de su cargo el título honorífico de "Padre de la Patria".
Recomponer la autoridad pública es impostergable e indispensable.







