Es muy difícil "pescar" a los prestamistas in fraganti

El asesinato del comerciante Luis Fernando Salomón desnudó la impunidad con que los prestamistas se mueven en Tucumán, y la facilidad con la que se desplazan por las calles generando riquezas y pesares entre sus deudores.
Salomón fue asesinado el domingo pasado a la noche, aparentemente por un hombre identificado como Hugo Castillo, quien sería prestamista. La víctima le habría adeudado importantes sumas, puesto que habría sido un jugador compulsivo que solía frecuentar el Casino, cerca de donde el imputado prófugo tendría sus "oficinas".
Castillo, según trascendió, se presentaría mañana o el martes ante la Justicia.

Sin pruebas
Probar que alguien se dedica a la usura y a los prestamos ilegales es sumamente difícil. Por ello casi no hay casos en que los conocidos "usamicos" sean procesados por ese delito, y suelen llegar a Tribunales acusados por extorsión, amenazas, lesiones o, directamente, homicidio.Varios hechos resonantes de los últimos tiempos estuvieron relacionados con la usura, aunque siempre fue algo que permaneció bajo la superficie. Se rumoreaba en el ambiente o constaba tibiamente en alguna página del expediente central, aunque apuntaba a la comisión de otro delito.
Eso ocurrió, por ejemplo, con la explosión de una granada en Yerba Buena, donde los imputados fueron sindicados como supuestos prestamistas, "apretadores" o deudores.
La explosión se produjo el 18 de diciembre de 2001, y le causó serias lesiones al jardinero Antonio Ovejero.
Otro caso fue el del asesinato de Roberto Salvador Teodoro del Valle García, a manos del prestamista Luis Lino Guzmán, quien fue condenado a doce años de prisión por el crimen, en marzo de 2001.
El crimen se produjo en Rivadavia y Marcos Paz, el 12 de enero de 1999. Los hombres, según la investigación, habían sido socios y la víctima le habría adeudado $ 10.000.
En 1999, un grupo de policías y un supuesto prestamista terminaron imputados en una complicada causa en la que se acusaban mutuamente de extorsión, amenazas, lesiones, abuso de autoridad y otros delitos.
En el caso hubo tiroteos cruzados, falsos testigos, denunciantes que eran parientes de los investigadores y coimas. Posiblemente este año la causa llegue a juicio oral, con los oficiales Juan Romano y Andrés Faversani, y el supuesto "usamico" Jorge Pantano, como imputados y acusadores al mismo tiempo.
Las historias de "aprietes" se cuentan de a cientos en las calles y en los bares; los nombres suelen ser los mismos y los montos van desde algunos pocos pesos hasta números de seis cifras. Pero no hay pruebas, no hay datos ni estadísticas que puedan ayudar a terminar con esta práctica.