La corrupción y el ciudadano

Sería ocioso ponderar la intensidad y la frecuencia con las cuales la palabra "corrupción" figura en el vocabulario de la ciudadanía argentina, desde varios años a esta parte, como tampoco es necesario recordar cuán a menudo estallan escándalos vinculados a ese concepto. Puesto que tal realidad, por deprimente que sea, se halla vigente, parece lógico postular que la ciudadanía tome medidas simultáneas para defenderse de ella y para erradicarla definitivamente.
No cabe duda de que el Estado es el que primero debe actuar en contra de la corrupción, a través de sus diversos organismos. Bien sabemos que, por un lado, debe extremarse el celo del poder público para exigir, de quienes desempeñan funciones, una total integridad personal como condición para ese desempeño, y no trepidar en separarlos de inmediato en el caso en que aquella falte. Y que al mismo tiempo corresponde a la Justicia responsabilizar sin miramientos a los acusados o sospechosos, investigando, procesando y sancionando a quienes hayan violado, de alguna manera, la confianza que en ellos se depositó.Pero interesa también detenerse un momento en la parte de responsabilidad que toca simultáneamente al ciudadano común dentro del cuadro de la ofensiva contra la corrupción; ofensiva que, según es evidente, debe estar entre nuestras candentes prioridades de hoy. Es preciso tocar el punto, ya que tal responsabilidad existe y es sobremanera importante, aunque no siempre ello se perciba con la necesaria intensidad.
En efecto, no es nada extraño que el hombre de la calle, en su vida cotidiana, se encuentre con concretas situaciones de corrupción: algunas importantes, otras de menor significado, pero en todos los casos bajo un inconfundible denominador común. Y es muy frecuente, deplorablemente, que la respuesta en tales casos sea mirar hacia un costado, cuando no aprovecharse de la situación: por ejemplo, aceptando entregar dádivas a un agente público, como precio para que ignore una infracción, o para "agilizar" un trámite. No se piensa que de ese modo, por omisión o por acción, el ciudadano se convierte en cómplice del funcionario corrupto, a la vez que colabora para que la modalidad se extienda y se amplíe. Autojustificarse invocando el tradicional "no te metás", o el argumento de que es absurdo posar de héroe en una sociedad que "funciona" así, podrá tranquilizar a algunas conciencias. Pero queda en pie el hecho básico de no haber actuado con honestidad y de haber contribuido a potenciar un fenómeno acerca del cual nos proclamamos preocupados.
La ciudadanía tiene que acostumbrarse no sólo a responder con una franca negativa a toda propuesta de procedimientos torcidos, sino, además, a denunciar a quien se la formule. No puede pretextarse la existencia de un sistema donde a menudo el denunciante, además de no ser escuchado, corre el riesgo de represalias. Hay que recordar que una de las causas por las cuales la corrupción existe, reside en lo raras y excepcionales que son las denuncias. Si estas se hicieran todo lo frecuentes y nutridas que debieran ser, ya no sería posible que las diluyeran el silencio o la posibilidad de eventuales venganzas.En síntesis, el dilema es claro. No se puede exigir un tipo de conducta a los funcionarios y, al mismo tiempo, practicar otra de signo opuesto en nuestra vida diaria. O queremos agentes públicos decentes en todos los niveles, y tomamos las medidas conducentes a ese fin, o guardamos silencio y miramos al costado, con lo cual no haremos más que obrar a favor de esa corrupción que en teoría tanto nos inquieta. Hoy que mucho se habla de "participación", tenemos aquí la oportunidad inmejorable de participar en la lucha por moralizar la función pública y de poner al descubierto a quienes la desempeñan indignamente.