Agua y aceite

El ministro de Gobierno cuenta las horas hasta el jueves próximo, cuando piensa entregar su cargo con un golpe de efecto que, espera, atempere el clima de inseguridad que reina en la provincia. Ese día entregaría la primera tanda de diez autos y diez camionetas doble cabina para la Policía, que fueron comprados con un Aporte del Tesoro Nacional prometido hace meses. El gobernador Julio Miranda demoró el proceso para darle a su candidato a vicegobernador una salida decorosa del gabinete, tras el mes más desastroso que se recuerde en cuestiones de seguridad en esta gestión.
Febrero de 2003 ha tenido un récord en víctimas mortales mientras los hombres de la fuerza de seguridad parecen cada vez más atados de pies y manos. Con el parque automotor derruido, sin presupuesto para nafta, la crisis económica parece haber caído como una tromba sobre el funcionamiento policial. Si antes los taxistas denunciaban que eran víctimas de cuatro asaltos diarios, ahora la cifra se ha quintuplicado. El agravamiento de las condiciones llega a tal punto que una camioneta policial tuvo dificultades para perseguir anteayer a un carro tirado por un caballo a orillas del río Salí.
El secretario de Gobierno, Jorge García Mena, dice que a comienzos del año se sabía que la situación social iba a explotar, empujada por la crisis, e iba a derivar en un aumento de la violencia. Esa fue una de las razones para que la cúpula policial fuera sustituida hace tres semanas.
Pero al nuevo jefe de Policía, Roberto Vallejo, le tiraron la brasa candente. Le ordenaron resolver, sí o sí, el clima de inseguridad, pero previamente le generaron un caos en la organización policial, porque cambiaron los destinos de todos los altos jefes. La excusa fue que los comisarios generales debían estar en tareas de logística y no de calle, pero lo cierto es que en todas partes cada jefe policial está aprendiendo a conocer su tarea.
Además, Vallejo tiene que combinar una política de mano dura -que en teoría le iba a dar resultados para mostrar que se combate el delito- con el plan de Policía Comunitaria (o "de aproximación") que pergeñó García Mena, y que no puede ponerse en práctica porque no llegan los vehículos, ni los caballos ni las contrataciones de personal que prometió la Provincia, que ata todo esto al destino y a la imagen de Juri. Y porque ambos planes son como el agua y el aceite, ya que si bien podrían combinarse la política de salir a "reventar" villas miseria y la de trabajar con los vecinos, responden a exigencias contradictorias. A Vallejo le piden mano dura pero perfil bajo, y a García Mena le exigen un programa sin equipos.
El futuro sigue siendo incierto. Con Juri se irá, ascendido, el subsecretario de Seguridad, Julio Díaz, que pasará a retiro con la ilusión de ser el jefe de Policía si José Alperovich gana las elecciones. Vallejo quedaría un tiempo más, hasta que el nuevo ministro -sería el actual juez Manuel Pedernera- defina su futuro y escoja un nuevo jefe policial. Vallejo no aceptaría un cargo político, se iría a retiro, y la Subsecretaría de Seguridad quedaría eliminada.