La hora de las propuestas

La constitución de once fórmulas presidenciales para los comicios que alumbrarán al próximo gobierno, merece una reflexión, seguramente inédita, sobre las situaciones que el país ha debido enfrentar en la crisis. En primer término, por la circunstancia de que, entre tan numerosos binomios, tres pertenezcan al mismo partido, el Justicialista, y otros tantos a la Unión Cívica Radical.
El primero, por causa de una fractura de hecho, en tanto que su tradicional rival histórico la ha formalizado sin pretensiones de reagrupamiento. Es muy obvio que, si bien han existido en ambos casos rivalidades de dirigentes enfrentados por intereses personales o de sectores, la condición fundamental que esa crisis venía asumiendo desde la restauración democrática de 1983, fue la gran recomposición política que los mayores partidos no pudieron o no estuvieron en condiciones de encarar.
Vano fue solicitarles, durante cada uno de sus turnos en el poder, que esa transmutación de fortines cerrados en plazas abiertas para las renovaciones que demanda el progreso democrático, se llevaran a cabo desprofesionalizando la política, al servicio de los intereses generales. En consecuencia, la crisis histórica se produjo inexorablemente y, como una Babel, la República habría sido víctima de la autodestrucción de sus dirigencias, si no fuera por el renaciente espíritu democrático de la sociedad.
Desafortunadamente, no se puede pretender que la recuperación del país se produzca a partir de la ruptura de su cadena institucional, pues ello agravaría hasta extremos insoportables el daño ya causado por la violación de derechos esenciales, bajo una falaz invocación de la emergencia.
La única alternativa para salvar las virtudes de la sociedad libre y jurídicamente protegida, es eludir ese rumbo, y para ello es necesario aceptar los recursos operativos del sistema institucional. De inmediato y simultáneamente, deberán encararse decisiones de orden social estrechamente vinculadas a una economía sustentable, así como el impostergable mandato popular de reformar la política hasta hacer del sistema representativo una dinámica y transparente gestión.
La comunidad nacional está poniendo a prueba, como fruto de la crisis, una multitud de ejemplos de participación y control, incorporados ahora a su vida pública, y que serán el factor de madurez cívica requerido por la República.
Ellos, además de mejorar el ejercicio responsable de los derechos electorales, deben ser, a partir de esta instancia, instrumentos de colaboración y de legítima presión sobre poderes y partidos, restando a los segundos el ejercicio dominante y cerrado de la representatividad. Es mucho lo que los candidatos referenciados por las encuestas adeudan a la ciudadanía, no solamente por los compromisos con la crisis de su gran mayoría, sino también por la irregular y hasta tortuosa forma con que algunos de ellos accedieron a su investidura.
Hasta el momento de constituirse, algunos de los señalados con mayores posibilidades por esas magras consultas de opinión, han orientado sus vagas propuestas tratando de orientarse mediante el pensamiento del eventual electorado, antes que por un programa consistente donde la razón de lo posible contribuya a convocar al esfuerzo público.
La obviedad de algunas ideas con las que nadie puede estar en desacuerdo forma parte de los viejos señuelos de captación sufragista que terminó por desacreditar a la llamada clase política, sin advertir que la demanda de las mayorías está apostando a la inteligencia y a la autoridad moral.
Once fórmulas presidenciales son demasiadas para que ninguna de ellas sea capaz de convocar a ese nuevo sesgo histórico. Sin temores a expresarse con la verdad y la transparencia de los razonamientos, todavía restan semanas para elaborar propuestas y recursos capaces de movilizar a los argentinos.