17 Junio 2009 Seguir en 
LIMA.- La protesta indígena contra leyes que, según denuncian, afectan sus territorios amazónicos, cobró su primera víctima política en el Ejecutivo de Alan García. Ayer, el primer ministro Yehude Simon anunció que dejará el cargo en cuanto se solucione el conflicto que ya ha causado 34 muertes, en su mayoría de efectivos que se enfrentaron con campesinos.
Entre tanto, García instó a abrir un espacio de reconciliación y pacificación en el país. El mandatario, que suspendió la vigencia de las controvertidas normas, acusó a elementos externos por los enfrentamientos que provocaron la muerte de 24 policías y 10 indígenas, la semana pasada, en la localidad de Bagua. Ayer, el propio canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, aseveró que el presidente de Bolivia, Evo Morales, está tratando de infiltrar gente para generar el caos. "No pasará, señor Morales", desafió Belaúnde.
Los decretos resistidos por los indígenas fueron adoptados en 2008 por el Ejecutivo para adecuar la legislación nacional al TLC, que entró en vigencia este año con EEUU. Según los indígenas, los decretos norman la explotación de recursos y ponen en riesgo sus derechos sobre la tierra. Además, sostienen que los son inconstitucionales porque fueron adoptados sin previa consulta a las comunidades originarias, en violación de normas de la Organización Internacional del Trabajo. (DPA)
Entre tanto, García instó a abrir un espacio de reconciliación y pacificación en el país. El mandatario, que suspendió la vigencia de las controvertidas normas, acusó a elementos externos por los enfrentamientos que provocaron la muerte de 24 policías y 10 indígenas, la semana pasada, en la localidad de Bagua. Ayer, el propio canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, aseveró que el presidente de Bolivia, Evo Morales, está tratando de infiltrar gente para generar el caos. "No pasará, señor Morales", desafió Belaúnde.
Los decretos resistidos por los indígenas fueron adoptados en 2008 por el Ejecutivo para adecuar la legislación nacional al TLC, que entró en vigencia este año con EEUU. Según los indígenas, los decretos norman la explotación de recursos y ponen en riesgo sus derechos sobre la tierra. Además, sostienen que los son inconstitucionales porque fueron adoptados sin previa consulta a las comunidades originarias, en violación de normas de la Organización Internacional del Trabajo. (DPA)
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