Duras críticas a la pesquisa realizada en el caso Cabrera

La auditoría realizada por disposición de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía de Instrucción VII ya está en manos del máximo tribunal, según fuentes judiciales. El informe, al cual tuvo acceso LA GACETA, cuestiona duramente los pasos que tomaron los investigadores en el marco de la causa por el crimen de Roberto Cabrera, perpetrado en febrero, presuntamente por un menor. "Sin que pueda avizorarse algún motivo legal o racional que así lo justificase, la fiscalía rechazó expresamente las sugerencias policiales, ordenando la reiteración de actuaciones que a todas luces resultaban contraproducentes frente a la urgencia que imponían las circunstancias del caso", indica en uno de sus párrafos la auditoría, elevada por el vocal de la Sala I de la Cámara Penal, Pedro Roldán Vázquez.
La causa Cabrera -que actualmente es investigada por la Fiscalía VIII, a cargo de Adriana Giannoni- está a la espera de pericias que permitan establecer si el menor de 17 años que está imputado en el caso efectivamente realizó los disparos que produjeron la muerte del joven.
Todo comenzó la madrugada del 8 de febrero, en la esquina de Italia y avenida República del Líbano. A la salida de una fiesta, se produjo un tiroteo entre dos grupos de muchachos. Cabrera, que estaba con unos amigos escuchando música en esa esquina y nada tenía que ver con el incidente, recibió un disparo en el abdomen. Fue llevado al Centro de Salud, donde murió 16 días después.
La causa quedó en manos del fiscal Arnoldo Suasnábar. Desde un primer momento, la familia de la víctima protestó por lo que consideró fallas en la investigación. El momento de máxima tensión se vivió el 25 de febrero, cuando un grupo de manifestantes que exigía mayor celeridad en la pesquisa causó destrozos en la puerta principal de la sede penal de Tribunales, ubicada en avenida Sarmiento al 400. Tras esto, Suasnábar decidió apartarse de la causa, aduciendo "violencia moral". Mientras tanto, ya se estaba efectuando la auditoría funcional en la fiscalía que encabeza.

Análisis de actuaciones
El informe relata diversos aspectos del método de trabajo adoptado en la oficina judicial. Además, se analizaron las actuaciones en el caso Cabrera, que tiene como imputados a un menor de 17 años y a un joven de 26. El auditor cuestionó que, después de perpetrado el hecho (inicialmente caratulado como lesiones con arma de fuego), no se hubieran realizado el dermotest -para determinar si el imputado efectuó disparos- ni allanamientos en la casa del sospechoso. "Con los datos que disponía la Fiscalía, pueden apreciarse como muy probables la concesión de medidas de allanamiento y detención sugeridas por la Policía", reza el texto. Luego, agrega: "aunque se contaba con testigos que percibieron directamente en el lugar del hecho las características fisonómicas del imputado?(...) se decidió paralizar las actuaciones orientadas a su aprehensión hasta tanto se confeccionase un retrato hablado". "No se advierte motivo alguno para esta medida -prosigue el informe en alusión al pedido de identikit-, cuya disposición importó en los hechos una demora en la consecución de otros elementos de juicio que en ese momento eran asequibles para la Fiscalía (dermotest, secuestros e inspecciones)".
La auditoría, que fue remitida al presidente de la Corte, Antonio Gandur, recomienda "que se le otorgue al fiscal Suasnábar y/o a quien pudiera además resultar responsable de las falencias señaladas, la posibilidad de brindar las explicaciones que estime corresponder". El informe, según fuentes judiciales, no significa que necesariamente exista una sanción.