La Dirección General de Rentas ha anunciado que este mes accionará judicialmente contra aquellos grandes contribuyentes que, teniendo capacidad financiera, no cumplen regularmente con el pago de los impuestos provinciales. La iniciativa es loable en tanto el dinero que el organismo recaude por medio de estas acciones sirvan para sostener los servicios esenciales que la sociedad demanda cotidianamente: atención eficiente de la salud, refacciones y mantenimiento de las escuelas públicas, entre otros.
Según lo afirman los funcionarios del Gobierno, la aceleración en las ejecuciones judiciales contra los morosos tiene dos fines: recuperar la deuda que los grandes contribuyentes acrecentaron en los últimos cinco años y, a la vez, preservar el nivel de ingresos en un contexto de crisis financiera internacional. De hecho, unos 1.700 propietarios de viviendas y de automóviles le deben al fisco unos $ 34 millones, casi un tercio de la recaudación promedio mensual de la Provincia.
Como contrapartida, de acuerdo con los datos oficiales, más del 70% del padrón de los impuestos patrimoniales, conformado en su mayoría por pequeños y medianos contribuyentes, mantiene una conducta regular de pago de sus tributos, con todo el esfuerzo que ello implica en estos tiempos.
Pese a que la población ha mostrado signos de contracción en el consumo y cuida más el dinero ante la incertidumbre económica, la recaudación de impuestos ha mostrado una evolución superlativa respecto de otras provincias, más afectadas por la debacle global. Aún más, el Gobierno ha puesto como meta ingresos mensuales por $ 100 millones, con los que intentará compensar la reducción de las transferencias de fondos coparticipables que, diariamente, envía el Gobierno nacional a Tucumán. El propio gobernador José Alperovich ha reconocido esta baja de unos $ 30 millones mensuales en lo previsto por coparticipación federal. Frente a esa situación, Rentas dinamizó sus acciones contra los deudores y ha considerado imprescindible avanzar en la fiscalización y en la lucha contra la informalidad económica que, según cálculos oficiales, mueve unos $ 400 millones al año.
Los contribuyentes tienen tantas obligaciones que cumplir con el fisco para tributar por los bienes que acumulan o por la actividad que desempeñan, como el Estado el deber de informar, mensualmente, cuál es el destino que le brinda al dinero de los tucumanos. Mucho más en momentos en que el Gobierno anuncia récord de ingresos impositivos.
Una y otra vez, distintos funcionarios del Poder Ejecutivo han señalado que no se prevé modificar la política tributaria, para otorgar alícuota cero a los sectores productivos o exenciones para actividades golpeadas por los factores climáticos. Sin embargo, los pequeños y medianos contribuyentes están esperando señales oficiales o incentivos fiscales por el buen cumplimiento, sin que ello implique una desigualdad. En otras palabras, considerar que el Estado debe conceder el mismo tratamiento impositivo a ciudadanos en idéntica condición, es decir, que se tome en cuenta su situación de cumplimiento y su capacidad de pago, en un momento de agobio financiero por incremento en las tarifas de los servicios privatizados y de los precios en general.
Los estímulos fiscales fueron usados por las autoridades como una herramienta para captar inversiones. No obstante, ese mecanismo también podría ser aplicado para los pequeños y medianos contribuyentes que, con su conducta, aportan su granito de arena para el funcionamiento del aparato estatal de la Provincia.
