Si desconfías, seguro que no te equivocarás

Lo único cierto y evidente es la desconfianza. Ella echó su escéptica sombra -lo sigue haciendo- sobre los intensos contactos que precedieron la reunión entre los representantes de los abogados y el vicegobernador, Juan Manzur. Y después del primer encuentro de aproximación, más allá de las esperables declaraciones de protocolo para ensalzar el diálogo emprendido, las dudas persisten. La prueba es que no está claro sobre qué bases mínimas -si es que las hubiera- comenzarán a discutir en serio sobre la cobertura de las vacantes en la Justicia. Tal vez todo esto no hace más que expresar, con exactitud matemática, el real estado de la calidad institucional de Tucumán, más allá de que hablar de calidad, en este caso, resulte por sí mismo una poco ingeniosa ironía; por cierto, no buscada.
Lo curioso es que la desconfianza no sólo existe entre las partes, sino entre los sectores que conviven en el interior de cada una de ellas. En el caso de los letrados de la capital no sería una exageración advertir que el lunes, prácticamente, celebraron una sesión ordinaria de consejo directivo delante de Manzur, como lo prueba la insólita presencia en la reunión de 10 de los 16 consejeros. No iban desde hace dos años y medio a la Casa de Gobierno, y ahora fueron a mostrar el estado deliberativo en que se hayan.
Esto revela que aún no está digerido el episodio de hace sólo dos semanas, cuando el gobernador, José Alperovich, dio casi por cerrado un acuerdo con el Colegio de Abogados. Sin ninguna ingenuidad, por cierto, destapó las conversaciones que funcionarios -y hasta el propio Manzur en algún caso- habían mantenido durante enero, en Mar del Plata y en Buenos Aires, con Eudoro Aráoz (presidente) y con Jorge Cheín (vicepresidente), que, pese a pertenecer a grupos internos diferentes, sostienen fuertes lazos de afinidad entre ellos por intermedio de Raúl Martínez Aráoz. Esto puede tener relevancia política.
El problema es que, como consecuencia de la revelación de Alperovich, muchos consejeros -e importantes dirigentes de la entidad profesional- se enteraron entonces de que había contactos con el oficialismo. La duda de que en el futuro, aun con buenas intenciones, pueda haber precipitados saltos sin consultar previamente a los órganos internos quedó instalada peligrosamente a raíz de la actuación pública inaugural de Aráoz. Esto quizás explica la polifonía de ideas y de posiciones que, tal vez con el fin de condicionar públicamente el discurso interno, se escucharon antes y durante la entrevista con Manzur, a quien, por cierto, lo habría desconcertado tanta gente presente. El anfitrión -es real- no tenía sillas previstas para tantos comensales.
El estado de hormigueo en el que ha quedado la institución -a lo que contribuyó Alperovich- contrasta con lo que sucedía con la conducción anterior, en la que el frente interno, al menos en las cuestiones de trascendencia institucional, parecía estar bien acomodado, además de que Antonio Bustamante (ex presidente) monopolizaba con habilidad la comunicación puertas afuera.

Dentro y fuera
También resulta interesante conjeturar acerca de qué expresa el hecho de que Manzur haya asistido en soledad a la entrevista. Públicamente, Alperovich lo ha señalado como el responsable de las negociaciones. En un país en el que la división de poderes resulta casi una lejana hipótesis de laboratorio, propia del derecho anglosajón, antes que una garantía constitucional efectiva, ya no sorprenden tanto este tipo de mandatos, como otras cuestiones. El exceso de participantes en el caso de los abogados es tan sintomático como las ausencias en el rincón del oficialismo.
¡Sólo en Tucumán es concebible que a las conversaciones con los letrados, para discutir nada menos que sobre el Poder Judicial, las entable el interventor de la Caja Popular de Ahorros, el contador Mario Koltan, y un asesor de este, y no el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo Jiménez! Por eso este, otro poco dotado para la candidez, un par de días antes de la reunión, salió a aclarar que el "auspicioso" diálogo tenía por estricto marco institucional la Legislatura, como dando a entender -en un esforzado ejercicio de ficción jurídica- que el Poder Ejecutivo era ajeno a las tratativas. ¿Qué quiso decir con esto, además de justificar su inasistencia y, eventualmente, su molestia por no intervenir en el juego que más le divierte: el relacionado con poner jueces?
Para colmo, Manzur se inclinó por Francisco Sassi Colombres, ex fiscal de Estado que conoce desde hace mucho a Aráoz, para que sea el interlocutor con los abogados. Esto prueba que en el alperovichismo no abunda la novedad: al obediente Sassi Colombres, que nunca se fue, se lo sigue exhibiendo como la cara dialogante, y a Jiménez, como todo lo contrario, aunque dirigentes del colegio de la capital razonan -no descabelladamente- que, con este último fuera de las negociaciones, todo será más complicado que con él dentro.
Si cohesionar los frentes internos ya es difícil, más aún resultará que las partes acerquen posiciones. Más allá de los claroscuros, los abogados consideran que hay que integrar un Consejo Asesor de la Magistratura (CAM) sin preponderancias políticas, que se encargue tanto de la selección de los jueces provisorios como de la de los definitivos. Si bien suelen pedir genéricamente la celebración de concursos públicos (de oposición y antecedentes), reconocen que para los subrogantes, en el afán de cubrir con premura las vacantes -reclamo que crece entre los letrados que litigan-, se puede buscar un mecanismo más sencillo y rápido.
Los oficialistas, por medio de legisladores provinciales y nacionales, también condicionaron durante los últimos días a quienes serán sus interlocutores ante los abogados. Les alertaron que las conversaciones deben ceñirse al sistema de selección de los jueces subrogantes, para dejar abierta la posibilidad de que una nueva reforma constitucional -con el objetivo de asegurar prioritariamente otra reelección de Alperovich- disponga sobre la composición definitiva del CAM. Por eso, ya circulan ideas de que, en el caso de los subrogantes, se establezca una suerte de tribunal (no lo llaman CAM) que evalúe a los postulantes (fundamentalmente los antecedentes, la especialidad y la carrera judicial) y que esté integrado por representantes de la Corte Suprema -forma de involucrarla-, de la Cámara del fuero en el que haya que cubrir la vacante y hasta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias. No se menciona a los abogados ni a los académicos.
El camino ni siquiera está trazado. Pero si realmente se pretende llegar a algún sitio -algo que aún no queda claro-, primero habrá que desmalezar la desconfianza.