Tres de las presuntas integrantes de la banda que el sábado fue desarticulada por la Policía en Villa 9 de Julio comenzarán a declarar hoy en la Justicia Federal.
El juez federal de feria Daniel Bejas tiene previsto indagar desde las 9 a Margarita Toro (sindicada por la Policía como la líder de la organización), a Ana Verónica y a Verónica Toro, tres de las ocho personas que fueron detenidas (en principio eran nueve, pero una quedó en libertad por ser menor de edad).
La causa se inició el sábado como consecuencia de los seis allanamientos consecutivos que la Policía realizó en los domicilios de los sospechosos. De allí se secuestró 1,5 kilo de cocaína, $60.000 en efectivo, teléfonos celulares, armas y vehículos. Los detenidos están acusados de formar parte de una organización que comercializa droga en Villa 9 de Julio y en otras zonas de la capital.
En principio, la declaración de las detenidas estaba prevista para el lunes pasado, pero Bejas la postergó luego de solicitar a la Policía que le remitiera los informes con los antecedentes de los acusados y los elementos que se habían secuestrado. Margarita Toro y las otras dos mujeres fueron trasladadas el miércoles al juzgado, donde se las imputó. Posteriormente Bejas confirmó que la indagatoria se postergaría hasta hoy, hasta tanto recibiera otro informe que solicitó al juzgado federal NO 2, a cargo Mario Racedo, para determinar si hay iniciadas otras causas por droga en la Justicia Federal en contra de los detenidos. Según confirmó una fuente de la investigación, contra uno de los detenidos pesa un pedido de captura en el juzgado de Racedo por una causa relacionada con estupefacientes.
Los restantes
Ayer también fueron trasladados a los tribunales Martín y Manuel Toro y Jorge Sandoval, quienes fueron sometidos al mismo procedimiento. Está previsto que declaren el lunes, mientras que el resto de los acusados será indagado el martes.
Bejas imputó a los sospechosos el delito de organización y financiamiento para la comercialización de estupefacientes y uso de menores para el mismo fin. El delito (el más severo de la ley 23.737 de Estupefacientes) preve una pena de entre ocho a 20 años de prisión.
