La inseguridad en los productores

El tema de la seguridad constituye, sin duda alguna, la máxima prioridad entre las preocupaciones de los tucumanos. Nada puede suscitar mayor inquietud y zozobra que la terrible sensación de que se está desprotegido en el domicilio, en el trabajo y en la calle, frente al accionar de delincuentes cada vez más resueltos y más audaces.
No es ninguna exageración decir que, en estos últimos años, el delito ha aumentado entre nosotros considerablemente, en las gamas más diversas. Se arrancan joyas y se arrebatan carteras por la calle. A cada momento, el que regresa a su casa la encuentra desvalijada, o despierta en medio de la noche encañonado por el arma de algún malviviente. Se atracan los negocios, desde los más importantes hasta los quioscos o los locutorios telefónicos, en operaciones en las que, con mucha frecuencia, resulta muerto o gravemente herido el propietario o alguno de sus familiares.
Pero sucede que esta falta de seguridad no solamente afecta al hombre de la ciudad, sino que también se ha extendido al campo y afecta a los sectores productivos de la provincia. Como lo informamos, los representantes de distintas organizaciones de ese rubro han formalizado un fuerte planteo al Poder Ejecutivo y han requerido medidas que hagan cesar el accionar delictivo que afecta seriamente a toda la actividad.
El robo de ganado, de frutas, de verduras, de cosechas, de agroquímicos y de alambrados se ha convertido en un verdadero azote para este importante sector de la sociedad. Ello obliga a los productores a cargar, sobre los costos de su actividad, importantes inversiones en seguridad. Además de todo lo que gastan para reponer lo que les roban. A todo esto se agregan -hicieron notar- otras expresiones peligrosamente indicadoras de la "falta de un estado de derecho en la provincia", ya que nadie respeta las leyes y nadie las hace cumplir. Por cierto que los altos índices del delito son siempre reveladores de graves problemas sociales, y nadie duda que los tenemos de sobra. Pero también es verdad que la ciudadanía no puede conformarse con estas explicaciones, y permanecer inerme frente a conductas marginales que a cada momento ponen en riesgo su vida y sus pertenencias.
Por el contrario, se espera lógicamente del poder público una urgente tarea capaz de terminar con esta pesadilla y de devolver a la comunidad la cuota razonable de seguridad a la que tiene derecho. Porque, como todo el mundo lo sabe, proteger a los habitantes constituye un deber básico del Estado. Para costear ese rubro, se pagan los impuestos. En realidad, uno de los pocos justificativos que podrían invocarse para el crecimiento de la planta de personal estatal, sería el de cubrir las exigencias de la seguridad.
En ese sentido, los productores han resuelto exigir formalmente al Gobierno que cumpla con los deberes que le competen en cuanto a seguridad. Y están resueltos, según expresaron, a tomar todas las medidas necesarias para protegerse, así como para dar a su protesta la máxima intensidad. Se trata de voces representativas y el poder público no debe desoírlas. Le corresponde, evidentemente, tomar las medidas necesarias para controlar esta dramática realidad, que ya viene causando una enorme cantidad de víctimas.
La repartición policial debe contar con todo lo que necesita para luchar eficazmente contra el delito, tanto en materia de cantidad de personal como en capacitación; y así también en lo que atañe a su completa dotación de movilidad, de comunicaciones y de armamento. Asimismo debe tratarse, como lo decíamos hace poco, de dar coherencia al accionar contra el delito. El trabajo entre la Policía, los fiscales y los jueces debe estar coordinado, a fin de que no terminen prontamente devueltos a la calle los malvivientes que se arrestan. En suma, no debe ahorrarse esfuerzos ni medios económicos para terminar con el delito en Tucumán y devolver a sus habitantes la tan anhelada sensación de seguridad.