Los productores le dan batalla al delito

Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y el gobernador Julio Miranda tendrán un duro desafío. Todos los representantes de los sectores productivos de la provincia - los más fuertes de Tucumán- se reunirán con ellos para exigirles que trabajen por la provincia. "Esto ya no se puede soportar más; es hora de que todos nos involucremos y hagamos algo para revertir esto", advirtió Vicente Lucci, el empresario que -como sus colegas sostuvieron- tuvo la valentía de poner el tema en evidencia a través de la solicitada que se publicó el domingo pasado en LA GACETA.
Ayer, representantes de la Federación Económica, de la Sociedad Rural, del Centro Azucarero, de las Cámaras de la Construcción, del Turismo, del Transporte, de la Fundación del Tucumán y de la Asociación Tucumana de Citrus visitaron LA GACETA para explicar su punto de vista al respecto y para informar los pasos a seguir. Fueron recibidos por el vicepresidente del directorio del diario, Guillermo García Hamilton.
"No estamos preocupados únicamente porque los productores nos vemos afectados por esta ola delictiva, sino porque es el ciudadano común el que más está sufriendo", indicó Lucci.
Los productores coincidieron en que ellos no irán a presentar ideas sino a exigir que cada sector del Estado cumpla con su rol. "Estamos cansados de escuchar que no hay presupuesto. Lo que hay que hacer es distribuir bien los recursos existentes", afirmó Roberto Martínez Zavalía. "Gastamos como si fuéramos los más ricos del mundo", agregó el empresario.

Demasiados gastos
Lucci fue terminante. "Yo estoy dispuesto a defenderme de cualquier modo. Voy a ir a un curso para aprender a utilizar un arma. Llegó el momento de hacer todo lo posible para proteger a mi familia y mis bienes", dijo. Los empresarios admitieron que gastan hasta un 5% de su producción solamente en seguridad. "Es muchísimo, ya que a eso hay que sumarle los costos de lo que tenemos que reponer por lo que nos roban", dijeron.
Carlos Parravicini, dirigente de la ATC y Fernando Austerlitz, de UCIT, opinaron que, a partir de las órdenes que se impartan, aparte de mejorar la seguridad se debe hacer un exhaustivo seguimiento. También analizaron que no sólo pasa por los sectores de las fuerzas de seguridad. "El control fitosanitario de camiones que transportan ganado, de los ingresos y egresos a la provincia de animales que no tienen la documentación correspondiente". "En la provincia no hay estado de derecho. La impunidad reina. Los delincuentes entran y salen de los calabozos sin que nadie haga nada. Es realmente increíble", se quejaron.
Los productores afirmaron que no saben qué harán si no tienen respuestas del Gobierno -el gobernador Miranda aún no les dio fecha para la reunión- pero no descartan ningún tipo de medida de fuerza (ni armarse ni una rebelión fiscal, dijeron).
"Este es el momento. Si no se hace algo ahora no se hará nunca. De otra forma, estaremos para siempre en manos de los delincuentes", aseguraron los empresarios.

Exigieron políticas más contundentes
Piden que se apliquen las penas previstas
"No vamos a aceptar reunirnos con ministros o funcionarios de menor rango. Queremos hablar directamente con el gobernador. Estamos cansados de las palabras. Es el momento de la acción". De esta manera expresaron los productores agrícola-ganaderos de la provincia su punto de vista con respecto a las reuniones que mantuvieron, a lo largo de meses, con funcionarios del Poder Ejecutivo, y que fueron -señalan- inconducentes.Los productores afirmaron que sufren robos de todo tipo. Desde incursiones en las casas hasta el robo de ganado, de frutas y verduras, de cosechas, de agroquímicos, de alambrados. "Se llevan todo lo que encuentran. Y para colmo golpean a la gente que está trabajando. Tengo empleados que están aterrorizados", indicó Vicente Lucci.
Los productores dijeron que, en el campo, la mayoría está armado. "Pero esa no es la solución. Queremos que haya una política clara de seguridad en la cual no tengamos que poner en riesgo a nuestra gente", dijeron.
También indicaron que pretenden una reforma en varios aspectos, inclusive en el legal. "Si bien hay muchos que no están de acuerdo con respecto a que se aumenten las penas, estaríamos un poco más conformes con que, al menos, se aplicaran las que están previstas. Pero aquí los delincuentes a veces son premiados y las víctimas son las únicas castigadas", se quejaron.

ANALISIS
Sólo palabras
Por Juan Manuel Montero
La seguridad es un problema de Estado. No hubo ministro de Gobierno que no dijera esa frase. Pero sólo fueron palabras. Nadie, en los últimos diez años, encaró una verdadero proyecto en una de las áreas más sensibles para la población: la protección de sus vidas y de sus bienes. La unión de productores y empresarios puede ser un punto de partida. Si ellos no pueden hacer que las cosas se hagan como se debe, difícilmente alguien lo logre. Ellos exigirán que se trabaje, y que la impunidad y la corrupción se terminen. Se sabe que 5.000 policías mal equipados no son suficientes para contener al delito. Pero si nos quedáramos sólo con esa idea, mejor sería que simplemente dejáramos la puerta abierta. Eso les dará menos trabajo a los delincuentes, y nosotros nos evitaríamos tener que gastar plata en comprar una nueva cuando la destrocen para entrar en nuestras casas.