04 Febrero 2003 Seguir en 
Los 580 reclusos de las unidades 1 y 2 del penal de Villa Urquiza iniciaron ayer una huelga de hambre, con el fin de exigirle al Gobierno que amplíe el listado de beneficiarios de las reducciones de penas otorgadas, y que se den porcentajes más altos.
Recientemente, como todos los años, el Ejecutivo dispuso la reducción de un 3% de la pena impuesta por la Justicia para 21 internos, del 2% para 157 reos, y del 1% para otros 90. Además, los internos piden que los jueces otorguen más beneficios de libertad condicional o de permiso extramuro.
El director del penal, Roberto Vallejo, informó que se mantiene un buen diálogo con los presos y que no hubo incidentes, pero aclaró que si persisten con su actitud suspenderá las visitas de los familiares desde mañana.
Vallejo, quien se mostró sorprendido porque a los condenados se sumaron los que esperan juicio oral reclamando celeridad en sus causas, afirmó que "es imposible ampliar las reducciones, porque este gobierno no va a dar más del 3%, y los listados se hicieron sobre evaluaciones serias de conducta y otros factores".
La Justicia, cuando el Ejecutivo consultó sobre este tipo de beneficio, se expidió en contra porque considera que fueron correctamente juzgados. Pero es una opinión no vinculante.
Recientemente, como todos los años, el Ejecutivo dispuso la reducción de un 3% de la pena impuesta por la Justicia para 21 internos, del 2% para 157 reos, y del 1% para otros 90. Además, los internos piden que los jueces otorguen más beneficios de libertad condicional o de permiso extramuro.
El director del penal, Roberto Vallejo, informó que se mantiene un buen diálogo con los presos y que no hubo incidentes, pero aclaró que si persisten con su actitud suspenderá las visitas de los familiares desde mañana.
Vallejo, quien se mostró sorprendido porque a los condenados se sumaron los que esperan juicio oral reclamando celeridad en sus causas, afirmó que "es imposible ampliar las reducciones, porque este gobierno no va a dar más del 3%, y los listados se hicieron sobre evaluaciones serias de conducta y otros factores".
La Justicia, cuando el Ejecutivo consultó sobre este tipo de beneficio, se expidió en contra porque considera que fueron correctamente juzgados. Pero es una opinión no vinculante.







