Una férrea defensa del esquema dispositivo

El único tucumano que participó del X Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista fue Miguel Marcotullio, profesor titular de Derecho Procesal I (Parte General). Durante el acto inaugural expuso sobre “República y proceso en el ideario alberdiano”. Esta es su visión sobre lo que se discutió.

-¿Cuáles de las conclusiones del congreso se aplican más a nuestra realidad procesal?
-Todas son plenamente vigentes para la caduca realidad procesal tucumana. En esta provincia no se ha estudiado ni se ha instrumentado una reforma o actualización seria y sistemática de nuestro régimen procesal en los últimos 60 años. En cambio, asistimos a meras reformas parciales y parches coyunturales de nuestros códigos, urgidos por las circunstancias o por iniciativas aisladas. Nada orgánico ni congruente con las necesidades actuales. La opción es entonces: seguir en esta inercia ineficaz de más de lo mismo, o proponernos una modernización integral. La Declaración de Azul postula esto en un doble frente: el Poder Judicial del siglo XXI debe reformarse tanto en su aspecto funcional (leyes orgánicas), como en sus ritos procesales (Códigos de Procedimiento), de forma simultánea y sistemática. Lo uno sin lo otro sería más ineficacia y una nueva reforma frustrada.

-¿La Declaración de Azul expresa sólo la visión de un sector de la doctrina que, más liberal, considera que el juez es un tercero absolutamente ajeno y equidistante?
-Efectivamente, en Azul quedó bien claro que la verdadera reforma futura debe alimentarse de mayor libertad y garantismo procesal. Estamos en las antípodas ideológicas del activismo y del autoritarismo judicial, que desgraciadamente sigue siendo una posición doctrinaria importante en la doctrina nacional. Estos factores son la causa fundamental de nuestro atraso comparativo frente a otras realidades judiciales, y de la profunda ineficacia del proceso civil patrimonial que nos rige. Todo ello se debe a que todavía nuestros Códigos Procesales nacionales y provinciales continúan nefastamente influenciados por principios y conductas emanadas de la Ley de Enjuiciamiento Civil española (1881) y del Código Procesal italiano (1940). Lo paradójico es que, en dichos países, esta normativa ya está derogada y superada, peros sus ideas aún perduran en estas tierras, con el resultado negativo que todos conocemos y sufrimos.

-Si las garantías sólo pueden ser aseguradas por jueces independientes, ¿esto implica que hay preocupación por el estado de los Poderes Judiciales en nuestras provincias?
-Eficacia procesal es sinónimo de imparcialidad judicial, de juez realmente independiente y de efectiva vigencia de los derechos constitucionales. Contrario sensu, la ineficacia hunde sus raíces en la magistratura condicionada y dependiente que padecen nuestros sistemas judiciales. En el congreso se tomó noticia de la grave situación del Poder Judicial de Tucumán. Su avasallamiento por los otros dos poderes electivos del gobierno de turno es una vergüenza nacional. Hay una verdad incontrastable: magistratura judicial en el ideario alberdiano es sinónimo de independencia y estabilidad, o lisa y llanamente no es magistratura, sino una mera delegación administrativa. En este contexto, hablar de magistrados interinos es una contradictio termini: nuestro sistema constitucional sólo admite jueces en propiedad y permanentes. Cualquier emergencia puede y debe resolverse por el sistema de subrograncias que prevé la Ley Orgánica de los Tribunales.

-¿Cómo se expresa el garantismo en materia civil?
-En el proceso civil patrimonial deben regir inexcusablemente los principios de imparcialidad judicial y de bilateralidad o contradicción, como ejes. En suma, el esquema dispositivo en su máxima expresión: un fallo acorde con la verdad declarada y acreditada por las partes, con claro límite a los avances judiciales en materia probatoria, medidas para mejor proveer, decisionismo, audiencias conciliatorias de oficio, etcétera.