Los jueces de la Sala I de la Cámara Penal tendrán por delante una tarea titánica. Con antecedentes de haber manejado causas complejas (fueron ellos quienes condenaron al extinto Mario Oscar "Malevo" Ferreyra, por ejemplo), deberán tratar de desentrañar qué sucedió realmente en la casa de avenida Aconquija 2.950 hace hoy exactamente cuatro años. No será fácil.
El tiempo transcurrido, tal como lo aceptan los mismos abogados que intervienen en el caso, no hizo más que acrecentar las dudas. Por eso, los camaristas Pedro Roldán Vázquez, Julio Espíndola Aráoz y Carlos Ernesto Norry procurarán el próximo año obtener los datos que les permitan responder dos preguntas claves ¿quién mató al juez de Menores Héctor Agustín Aráoz?; ¿por qué?
Aráoz (foto) era polémico. Había sido apercibido por los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por utilizar autos de la Policía para diligencias personales; además pesaban en su contra denuncias relacionadas con demoras injustificadas en la recepción de la declaración de menores detenidos y con el otorgamiento de libertades de manera aparentemente arbitraria. Aráoz, a su vez, había asegurado que sufría una persecución de parte de personal del Departamento Informaciones, que, afirmó, le sacaban fotos en el juzgado y pretendían, al parecer, armar una causa en su contra. Aráoz, según sus familiares, estaba en realidad investigando una red de policías que utilizaba menores para delinquir y luego se quedaban con el botín.
Al juez lo mataron entre las 15 y las 18. Le dieron nueve balazos con una pistola calibre 9mm que le provocaron un shock hipovolémico (murió desangrado). Su cuerpo apareció dentro del baño de la casona en la que vivía solo. Aparentemente, los disparos comenzaron en la galería exterior y el juez intentó refugiarse en el baño. Además había sufrido golpes en el rostro y en distintas partes del tórax. El o los asesinos hicieron los tiros a menos de dos metros con una cadencia uniforme. Los investigadores creen que fue un trabajo profesional: los impactos estaban en las zonas más sensibles del cuerpo. El juez tenía 51 años, estaba divorciado y era padre de 10 hijos.
Aprehendidos
La misma noche en la que se encontró el cuerpo, el fiscal de Instrucción Guillermo Herrera ordenó la aprehensión de Ema Hortencia Gómez. La joven, de 25 años en ese momento, había sido agente de la Policía hasta poco tiempo antes y había prestado servicios en el Juzgado de Menores, donde Aráoz había pedido que la trasladaran luego de conocerla mientras ella estaba de guardia en la esquina de Junín y San Martín como miembro de la Patrulla Urbana. Así se inició una relación sentimental. Hasta ayer, Gómez estuvo detenida.
Una semana más tarde fue arrestado el otro principal implicado, el oficial Darío Alejandro Pérez, un amigo de Gómez. Según la imputación de Herrera, ellos fueron los autores del crimen. Para perpetrarlo -afirma- usaron el arma reglamentaria del oficial, dato que la Justicia confirmó mediante una pericia balística. Pérez también salió ayer en libertad.
Herrera sostiene que los dos ex policías y el juez integraban un triángulo amoroso cuyo desenlace fue el asesinato. La familia del magistrado, en tanto, rechaza esta hipótesis y apunta sus cañones contra la Policía. Concretamente, su ex esposa Lucrecia Terán y su hijo Agustín afirman que varios miembros de la fuerza de seguridad se confabularon para terminar con la vida del juez, teniendo en cuenta la investigación que él estaba realizando en su contra. Además de Pérez y de Gómez, otros tres policías están imputados por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ellos son el ex comisario Rodolfo Domínguez, el ex oficial Andrés Faversani y el oficial Raúl Albornoz.
El 30 de setiembre la causa fue sorteada y recayó en la Sala I de la Cámara Penal. El fiscal de Cámara Manuel López Rougés se inhibió y en su lugar el encargado de sostener la acusación será Edmundo Botto. La primera determinación del fiscal fue respaldar el pedido de los defensores Mario Mirra y Gustavo Morales de que se permitiera a sus clientes recuperar la libertad, ya que llevaban cuatro años detenidos sin haber sido juzgados. El viernes los camaristas accedieron a la petición, pero aún no se sabe cuándo será el juicio.
