La solución no es la criminalización

La sociedad y la opinión pública exigen la reducción del límite de edad de los menores infractores o en conflicto con la ley e invocan razones de seguridad y la necesidad de modernizar y adecuar la legislación con los nuevos tiempos. Alegan que a diario se observa que menores de 16 años participan en la comisión de hechos delictivos con la utilización de armas de grueso calibre y con gran pericia en el manejo, lo que causa estupor.
Si bien no podemos desconocer la realidad, esta salida reduccionista no soluciona la problemática de la delincuencia juvenil, pues son muchos los factores que inciden sobre ella, cuya prevención requiere de políticas inteligentes y adecuadas.
La problemática más grave que atravesamos con los menores en conflicto con la ley, sin distinción de clases sociales, es el consumo de sustancias tóxicas y de psicofármacos, que están destruyendo a niños y a adolescentes. Ya es de público conocimiento que desde los siete años están consumiendo “paco”, sustancia que los lleva a un infierno profundo y recuperarlos insume un costo económico que los padres no pueden solventar.
Para colmo, en Tucumán no existe un centro adecuado para su atención, por lo que hay que recurrir a traslados a Salta, Chaco, Misiones, Córdoba o Buenos Aires.
El Estado debe intervenir en la búsqueda de soluciones para proteger al niño y a la familia tucumana; para destruir y desalojar a las sustancias que matan a los niños y rompen los lazos sociales de quienes son víctimas de este flagelo.
Cuando un menor llega a la Justicia, advertimos cuán avanzada está la enfermedad y cómo empieza a desintegrarse su entorno familiar. Los defensores y los jueces de menores carecen de recursos para asistir a los jóvenes, pese a que saben que su obligación y su deber es el interés superior de quien llega a sus despachos, al que se debe preservar y proteger.

Obligación del Estado
Los argentinos tienen un fuerte sentimiento de solidaridad y de preservación de la vida, y existen personas e instituciones sin fines de lucro que están trabajando en silencio para auxiliar a la familia, esclava del consumo de las drogas.
No es endureciendo las penas y bajando la edad de punibilidad como se solucionará este grave problema social. El Estado debe asumir su condición de eje rector de las políticas que intenten preservar a nuestra juventud para evitar que, en un futuro cercano, sea irrecuperable.
Los poderes Ejecutivo y Legislativo deben cumplir la función para la que fueron ungidos en el Gobierno y encarar políticas sociales y educaciones. Es hora de que cada uno atienda sus obligaciones y que busque soluciones que puedan implementarse en el corto plazo. Sólo de esta manera podremos ofrecer a los niños una verdadera ayuda.