Hubo avances, pero falta mucho por hacer

Un desafío clave que se plantea para los Estados en el mundo globalizado es la construcción de una política pública que dé respuesta a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, sobre la base de los fundamentos de la ética y el respeto de los derechos humanos, y tratando de evitar que las acciones sean exclusivamente de política criminal.
Las contradicciones -y sus consecuencias- generadas por los proyectos de desarrollo económico de los países, especialmente los del hemisferio Sur, ha dado lugar a un constante debate acerca de la necesidad de construcción de nuevas directrices sobre el control social del delito y la necesidad de evitar la lógica política de la criminalización de la pobreza. Las decisiones en materia de infancia y adolescencia no estuvieron ausentes de esta lógica de control social, la cual se escondió bajo el ropaje de la Doctrina de la Situación Irregular.
Es innegociable la ruptura con esta tendencia criminalizadora. Se deben erigir sistemas que limiten y acoten por medio de garantías las permanentes tendencias a expandir los sistemas penales. Toda sociedad genera su cuota de conflictos, que son controlados por mecanismos diseñados e implementados por cada comunidad. La delincuencia juvenil debe ser entendida, comprendida y controlada, pero hoy existe una profundización en el proceso punitivo generado por la penalización de la pobreza.
La historia de la afirmación de los derechos de los menores está marcada por elementos y valores tales como la caridad y la filantropía, además de una representación en la que la familia y las instituciones de atención siempre hablan en nombre de los intereses de niños y jóvenes.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño (CDN) establece un nuevo punto de referencia doctrinal que, en primer término, desarrolla un sistema de garantías que frena la discrecionalidad penalizadora sobre la infancia. El cambio de modelos se da entre lo que se denomina el paradigma tutelar de las viejas legislaciones y el nuevo marco de la protección integral. Sin embargo, los estándares emanados de la CDN no son implementados en la realidad cotidiana de las instituciones y por los operadores con responsabilidad en la materia, y son débiles los mecanismos de protección de un sector de la población extremamente vulnerable.
Un ejemplo de esa debilidad es evidente en Tucumán, donde se está en falta en este tema. Todavía no hay una ley integral de protección de la infancia y la adolescencia, pese a que en 2005 y en 2006 se sancionaron normas al respecto. En ambas oportunidades, el Poder Ejecutivo interpuso sendos vetos.

Puertas adentro
Las privaciones de la libertad siguen siendo las sanciones más aplicadas a los niños, niñas y adolescentes, así como también procesos judiciales que siguen atravesados por la cuestión de operadores que se visualizan como “buenos padres de familia” y diluyen el contradictorio en términos de convertir a los procesos en instrumentos funcionales al control adulto, e instituciones o centros de detención que están muy lejos de los postulados socioeducativos que deben primar y son verdaderas cárceles en donde el ocio por encierros compulsivos y los malos tratos siguen siendo parte de un paisaje nunca desterrado.
En los últimos tiempos, en Tucumán ha habido avances en este régimen, con la llegada de operadores con distinta capacitación (dejando de lado el perfil anterior), que priorizan la intervención y el trabajo social y psicológico. Así, se dejó de lado la medicación impuesta como estrategia de control y se articularon planes educativos. También se implementa el programa de libertad asistida, para evitar que la institucionalización sea la primera respuesta del sistema. Para definir criterios y propuestas a largo plazo faltan datos serios, transparentes y públicos que permitan realizar un seguimiento estadístico. Es urgente que se comience en esta labor.