ASUNCION.- La calma volvió a Asunción y algunos departamentos del interior de Paraguay, después que el gobierno anunció la creación de un equipo para abordar el conflictivo tema de la tenencia y explotación de la tierra. El consejo de reforma agraria estará integrado, en principio, por representantes del gobierno y de las organizaciones campesinas. Según el gobierno, los productores se sumarán más adelante, lo que originó duras críticas. “Es nefasto tener que usar la fuerza para presionar por alguna atención del Estado”, dijo Claudia Ruser, titular del gremio de los sojeros y una de las voces más críticas contra el gobierno de Fernando Lugo, al referirse a las movilizaciones de campesinos de todo el país.
Si bien la iniciativa alivió la tensión entre los campesinos, no se dio ninguna respuesta respecto de tierras que ellos reclaman ni sobre demandas de presuntas ocupaciones ilegales por parte de productores que se dedican principalmente al cultivo de la soja. El gobierno admite que hay unos 150 asentamientos ilegales en el departamento sojero de San Pedro, en el centro del país, pero que la solución quedará en suspenso.
Los abusos de poder
Respecto de la cuestion agraria, la Conferencia Episcopal de Paraguay (CEP) consideró que la distribución desigual de la tierra se agravó con las adjudicaciones ilegales de títulos de propiedad, muy frecuentes durante las administraciones del partido Colorado, que durante décadas ejerció el poder hasta la llegada del actual gobierno. La existencia del latifundio y del minifundio, el modelo productivo (agroexportador) predominante, el despoblamiento acelerado del campo y el aumento caótico de la población urbana confirman que el país entró en un ciclo de cambio demográfico crítico, dijo la CEP en un comunicado. También deploró la violación a las leyes ambientales y a los derechos humanos, que también denunciaron las organizaciones campesinas. (DPA-Télam)
