Al ser obligatorio votar, esto es, elegir a quienes nos gobernarán en cualquiera de los niveles institucionales de la Nación, la Provincia o el Municipio, también es un derecho. Lo malo es que este derecho-obligación se ejerce de tanto en tanto y en el medio, los períodos de gobierno de los elegidos por nuestro voto, somos menos que convidados de piedra.
El aporte de todos
A la mesa del gozo de ser ciudadanos de una sociedad organizada, no anárquica, previsible en tanto se sabe que hay constituciones, tratados internacionales, leyes, decretos y ordenanzas que deben ser cumplidos. Principalmente por quienes son mandatarios del pueblo para dar ejemplo a los gobernados. Por parte de los administradores y gestores de la cosa pública como espejo para los administrados. Porque, en definitiva, los ciudadanos somos gobernados y administrados por un conjunto de personas que perciben sus remuneraciones (y privilegios e inmunidades) que provienen del aporte de todos. Desde los que pagamos impuestos por nuestras actividades y ganancias y de los que tributamos a partir del IVA cada vez que consumimos, sea lo que fuere.
Un derecho, no un ruego
De esto se desprende que resulta necesario un nivel de participación más directo, cotidiano, en cada asunto que comprometa nuestra seguridad, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros derechos, todos ellos: los enumerados en la Carta Magna y los protegidos por los tratados internacionales que ratificó nuestro país. Sirven las charlas en mesas de café, y mucho. Pero mucho más si cada ciudadano se lanza a la acción en custodia de sus derechos e intereses. No con cacerolazos, cortes de ruta y actos que incitan violencias sino con acción directa de recurrir a todos los organismos apropiados (Defensoría del Pueblo, Dirección de Comercio Interior, Comisión Nacional de Comunicaciones, Epret, Ersact, etc.) ya sea en forma individual o conjunta. Y no descuidar la posibilidad de ejercer los derechos en la propia sede judicial, sea con denuncias en sede penal, cuando corresponda o en sede civil, según el caso. La vía del amparo judicial deberá ser el trabajo de los jueces obligados a brindarlo ante la presentación de quienes se sientan ante la inminencia de ser afectados por decisiones u omisiones gubernamentales. El derecho constitucional a peticionar a las autoridades debe ser en los hechos eso: un derecho ejercido en plenitud, no un ruego al monarca.
Ni cocinado, ni postmortem
Claro que, a veces, como en el caso de las audiencias públicas en las que se discute (es un decir, ya viene "cocinado" entre las empresas y sectores de la administración) sobre tarifas, a veces conviene no convalidarlas con presencias que son de voces para oídos sordos. En suma, la participación ciudadana debe ser alentada por el estado facilitándole a la gente verdaderos y no virtuales prerrogativas a la hora convocarlos. Pero la más eficaz participación ciudadana debería darse con un sistema inclusivo que permita lugares firmes en los organismos de control, cualquiera sea su clase y estructura, de modo que los ciudadanos, consumidores y destinatarios de la acción u omisión de gobernantes tengan oportunidad de voz y voto a tiempo, no "postmortem", sólo para el lamento tardío e inútil.
Herramienta temible
Bueno hubiera sido que la promesa electoral de los tiempos de la convención reformadora de 2006 sobre la "revocatoria de mandatos" (herramienta temible para los mandatarios de todo nivel) se hubiera cumplido incluyéndola en ese texto tan cuestionado de la Constitución tucumana vigente.
