Iniciativa popular o ciudadana, referendum, revocatoria de mandato, audiencia pública, banca abierta, elaboración participativa de normas, programa de concejo abierto... Desde hace algunos años están al alcance del ciudadano para facilitar su participación en la toma de decisiones sobre asuntos públicos. Sin embargo, su aplicación es escasa y en otros casos como la revocatoria de mandato en Tucumán no está contemplado.
A veces también sobran dificultades cada vez que alguien pretende recurrir a alguna de ellas. Las conocidas audiencias públicas para tratar los incrementos de los servicios públicos (luz, gas, etc.) o la archivada presentación con miles firmas para evitar la radicación de 1.000 maquinitas de juego electrónico en nuestra capital, que se truncó con solo aducir que algunas rúbricas eran truchas, son ejemplos de aplicación inadecuada de estos recursos democráticos.
Lo curioso es que todas estas herramientas de la denominada democracia semidirecta o participativa, que se utilizan profusamente en las principales democracias del mundo, en nuestra provincia -aunque algunos representantes del oficialismo indicaron que están vigentes- aún son una asignatura pendiente, no sólo por parte del Gobierno sino también de los propios tucumanos que no ejercen como corresponde su calidad de ciudadanos.
Desde la reforma de 1994, la Constitución Nacional reconoce dos procedimientos de estas características: la iniciativa popular y la consulta popular, que se reglamentaron en 1996 y en 2001, respectivamente. Y la Constitución provincial aunque también incluye formas de participación ciudadana en su última reforma, no incluye a la temible revocatoria de mandato.
"La participación en las audiencias públicas es una cultura que no está arraigada en los ciudadanos. Queda la sensación de que quienes asisten sólo van a un acto testimonial. Se dio en el caso de la discusión por las tarifas de electricidad, ya que en la audiencia se convalidó un hecho consumado. Además, el Estado provincial desalienta la participación, porque cuando hay una mayor injerencia de la gente en la cosa pública, debe actuar con mayor responsabilidad", opinó el legislador radical José Cano.
"Hay una necesidad de la sociedad de poner límites a quienes pretenden consolidar su proyecto con autoritarismo y hegemonía, porque el hartazgo de la gente se percibe en todo momento", agregó.
No obstante, la legisladora peronista Beatriz Avila destacó la voluntad de hacer ejercer la participación ciudadana de las cámaras legislativas que va integrando. "En sesiones con temas trascendentes que comprometían a sectores importantes hubo interés y participación de la gente, desde la barra". Aun así la representante del Poder Legislativo Provincial resaltó que "los sectores más carenciados, a veces son renuentes a comprometerse con la cosa pública". Per a la vez resaltó que "el ciudadano de esta provincia debe perder el miedo al disenso y al compromiso y participar en las decisiones de la cosa pública".
Durante el Primer Foro Regional de la Profundación Acción y Participación, uno de los dirigentes de esa entidad, Luciano Villegas exhortó a un auditorio de más de dos centenares y medio de ciudadanos del municipio de Yerba Buena, con mayoría de mujeres, a participar, acompañar y disentir en las decisiones del gobierno, a través de las herramientas que la democracia pone a su alcance. "Ello si bien otorga derechos también genera obligaciones", aclaró.
Eduardo Alvarez, que concurrió a los debate por las tarifas de servicios, el ciudadano se siente defraudado. "En las audiencias públicas es utilizado con fines políticos y no para aportar una solución. La Constitución de la provincia especifica que debe haber participación de los usuarios en los entes de control. Pero el Ersat está acéfalo y es manejado por el Poder Ejecutivo y en el Epret hay un interventor que no tiene autonomía ni autoridad", opinó.
