Niegan haber actuado en el gobierno militar

El pedido de destitución contra 32 jueces y funcionarios de ley, que según el ex funcionario municipal Jorge Nasser ocuparon cargos en la Justicia o en la administración durante el proceso militar, o fueron docentes de la UNT durante ese período, generó un repudio idénticamente masivo desde el Poder Judicial.
"Es lamentable que en la Legislatura no se haya reglamentado la presentación de pedidos de juicio político. Esta situación permite que se manche, de forma gratuita, la honorabilidad de una persona de manera totalmente infundada, sin motivo alguno y sin pruebas que avalen los planteos", protestó ayer la camarista penal Ana Lía Castillo de Ayusa.
La magistrada, que aparece mencionada en la denuncia de Nasser, remarcó que toda acusación de ese tenor ataca la dedicación y el compromiso que tuvieron en el cumplimiento del cargo para el que fueron elegidos, y afecta la credibilidad de la sociedad en el Poder Judicial.
La jueza recordó que ingresó en 1978 como prosecretaria en el fuero penal y que al año siguiente ascendió a secretaria, mientras estudiaba Derecho. En 1988 fue designada secretaria de la Cámara Penal y dos años después, de la Corte. En 1993 juró como jueza de primera instancia, para luego ser camarista. En todos los casos, rindió concurso de oposición y antecedentes. "Recuerdo que el proceso fue una época donde la libertad estaba restringida; a mis 16 años, sentía temor de caminar por el centro, con autos policiales por todos lados", señaló.

No fue profesor
El fiscal de Cámara Penal, Edmundo Botto, negó terminantemente haber sido profesor de la Escuela de Policía durante el gobierno militar, como sostiene Nasser en su presentación.
"No me preocupa la infundada denuncia de Nasser, porque carece de sustento en todo sentido; la información es errónea y yo no tengo nada que ver", resaltó. Para sostener sus dichos, pidió que se requiera un informe oficial de la institución policial.
Botto remarcó que comenzó a estudiar Abogacía siendo grande y que se recibió en 1980. "No quiero emitir opinión sobre el planteo, porque no sé qué fin tiene la denuncia. Quizás sea una burla al Gobierno", concluyó.

No fue secretaria
La jueza en Documentos y Locaciones, Ana Cecilia Pizzicanella Blasi, desmintió haber sido secretaria judicial durante el período de facto, tal como figura en el pedido de destitución formulado por el ex funcionario municipal durante las dos intendencias radicales (1983-1991).
"Me recibí en 1981 y ejercí la profesión en forma libre hasta que ingresé en el Poder Judicial en 1990 por un concurso de oposición y antecedentes, como secretaria. En mi caso y en el de otros jueces, la acusación es injusta y falsa. No tengo idea de qué está pasando", afirmó. Pizzicanella Blasi recordó que en 1976, el proceso militar cesanteó a su padre del cargo de juez penal.

No fue secretario
El fiscal de Cámara en lo penal, Daniel Marranzino, también negó haberse desempeñado como secretario judicial durante el Proceso, como Nasser sostiene en el pedido de juicio político.
El funcionario judicial destacó que entre 1976 y 1983 pasó de ser ordenanza de Tribunales (cargo con el que fue nombrado) a empleado de categoría menor, concurso mediante.
"Sólo en 1987, ya recibido de abogado, me nombraron secretario de Instrucción. Cumplí funciones en el juzgado de la IV Nominación. Luego, en setiembre de 1991, fui el único fiscal de Instrucción designado durante la intervención federal, ratificado en 1992 por el Gobierno democrático", concluyó.