08 Enero 2003 Seguir en 
BUENOS AIRES.- Bajo la atenta mirada del presidente Eduardo Duhalde, quien confesó sentirse "asombrado e impactado" por el "apasionante" caso, los investigadores del asesinato de María Marta García Belsunce esperan el resultado de las pericias de ADN realizadas sobre manchas de sangre y pelos encontrados en la escena del crimen. Se trata de un grupo de cabellos que fue detectado en un sillón de la casa del country de Pilar donde se cometió el homicidio. Tampoco se pudo determinar aún a quién corresponde una "mano chiquita" que dejó impregnadas con sangre una huella de tres dedos y una palma izquierda en la pared de la vivienda. Además ya se analizó el 90 % de las armas que se secuestraron en el country y ninguna de ellas fue la que se usó en el homicidio.
El fiscal de Pilar Diego Molina Pico comenzó a estudiar el dossier que le entregó la Policía sobre la relación de la familia García Belsunce con la causa del quebrado Banco General de Negocios, en un supuesto lavado de dinero. Es que se cree que Carlos Carrascosa, marido de la víctima, habría hecho gestiones financieras a vecinos del country en la entidad que pertenecía a los hermanos Carlos y José Rohm.
En tanto, el abogado Juan Carlos Iglesias denunció a los jueces de San Isidro Juan Makintach y Diego Barroetaveña y al fiscal Molina Pico, por su actuación en la causa, tras considerar que "si hubiera ocurrido en la villa 31 (un barrio marginal de Capital Federal) hoy habría 50 detenidos". "Hay un Código Procesal y un Código Penal para algunos countries y algunas familias", afirmó. El juez Makintach consideró a Iglesias como "un audaz o un aventurero", y le recomendó que "tenga pruebas" de su denuncia porque, de lo contrario, le iniciaría acciones legales. (DyN)
El fiscal de Pilar Diego Molina Pico comenzó a estudiar el dossier que le entregó la Policía sobre la relación de la familia García Belsunce con la causa del quebrado Banco General de Negocios, en un supuesto lavado de dinero. Es que se cree que Carlos Carrascosa, marido de la víctima, habría hecho gestiones financieras a vecinos del country en la entidad que pertenecía a los hermanos Carlos y José Rohm.
En tanto, el abogado Juan Carlos Iglesias denunció a los jueces de San Isidro Juan Makintach y Diego Barroetaveña y al fiscal Molina Pico, por su actuación en la causa, tras considerar que "si hubiera ocurrido en la villa 31 (un barrio marginal de Capital Federal) hoy habría 50 detenidos". "Hay un Código Procesal y un Código Penal para algunos countries y algunas familias", afirmó. El juez Makintach consideró a Iglesias como "un audaz o un aventurero", y le recomendó que "tenga pruebas" de su denuncia porque, de lo contrario, le iniciaría acciones legales. (DyN)






