El Gobierno no descarta estatizar Aerolíneas y España pretende no inmiscuirse en el conflicto

BUENOS AIRES.- El Gobierno, a través del secretario de Transporte, Ricardo Jaime, no descartó ninguna medida para resolver las cuestiones de fondo en la crisis de Aerolíneas Argentinas, aunque afirmó que por el momento las acciones se han canalizado por vía judicial.
En tanto, el juez que entiende en la Convocatoria que atraviesa Aerolíneas, Jorge Sicoli, quiere saber cuál es el estado económico, financiero y operativo real de la empresa, antes de la reunión a la que convocó al operador español Marsans, al Estado argentino y a los gremios para el martes.
“Si alguien cree que el Estado nacional pudo haber querido perjudicar a una empresa en la cual hoy lleva casi U$S 900 millones (invertidos), está mirando otra película”, dijo Jaime. Con esta referencia el funcionario pareció responder a acusaciones que en tal sentido se formuló desde ámbitos empresarios españoles. El presidente de Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, denunció que el Gobierno argentino quiere sacar a Marsans de Aerolíneas Argentinas. Sobre esta cuestión, la vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que el Gobierno argentino y representantes españoles “están hablando” sobre la situación de Aerolíneas. Describió el problema como un “tema bilateral” (Gobierno argentino-grupo Marsans).
Jaime fue consultado sobre la posibilidad de que Aerolíneas sea reestatizada por ley, y respondió: “hoy las acciones son vía judicial, pero no descarto ninguna medida que tenga que ver con resolver las cuestiones de fondo”.
En la convocatoria para el martes, el juez advirtió que el concurso preventivo que afronta la empresa “si bien se halla técnicamente concluido, a la fecha aún no se encuentra cumplido”. Por ello ordenó a la sindicatura plural, que interviene en la causa, que informe la situación económica y financiera de la empresa en la actualidad, y el pasivo posconcursal que afecta a Aerolíneas, con especial detalle de la deuda laboral y la que se registre con el sistema previsional y fiscal.
El titular del gremio de los pilotos de ARSA, Jorge Pérez Tamayo, estuvo ayer en el Juzgado que entiende en el tema y dio cuenta del fracaso de una reunión, previa a la del martes, “por la no presentación de la empresa”. Pero fuentes de dicho Juzgado dijeron que la única reunión prevista es la convocada para el martes.

Desembolsos
Jaime estimó que la Justicia determinará cuál es la gravedad de la crisis que tuvo la administración de Aerolíneas, y destacó que el Estado gestionó “créditos que permitieron seguir abonando los sueldos” en los últimos meses. Remarcó que ya hubo aportes por más de U$S 100 millones del Banco Nación. De hecho, el personal de Aerolíneas Argentinas y Austral cobró ayer los sueldos atrasados correspondientes a junio. La medida fue dispuesta por el Ministerio de Planificación Federal en la crisis que atraviesan las compañías. El desembolso para el pago de los salarios totalizó $ 34 millones, como parte de una partida de $ 50 millones que saldrán del Tesoro Nacional. La diferencia de $ 16 millones será destinada a preservar la operatividad de ambas compañías, en particular, al pago de leasing (alquiler) de los aviones y del combustible .
La decisión había sido anticipada por Julio Alak, uno de los dos representantes del Estado nacional en el directorio de ARSA. Aseguró que el Gobierno “no tiene ninguna vocación de quedarse con Aerolíneas, ni con Austral”, y dijo que intervino para garantizar un servicio público que los argentinos requieren. “La designación del interventor es una atribución del juez”, señaló, y negó que haya nombres del Gobierno en carpeta para realizar esa tarea. (DyN - NA)