Las opiniones son libres

En su dictamen, el procurador General de la Nación, Esteban Righi, también sentó con precisiones cómo deben conjugarse la libertad de expresión y el honor de las personas afectadas eventualmente por una publicación.   
“También resulta arbitraria la sentencia (finalmente revocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) en un aspecto por demás evidente. La no aplicación de la doctrina de la real malicia, con la invocación expresa de que se juzgarían las manifestaciones como si no se trataran de enunciados sobre hechos históricos, debió conducir, en todo caso, a una solución más favorable a la libertad de opinión y no, como sucedió, más favorable a la protección del honor (de los afectados)”, advirtió.
El procurador insistió: “la racionalidad de la distinción entre la expresión de opiniones y juicios, por un lado, y la afirmación de hechos (falsos) reside, como ya expuse, en que respecto de las opiniones hay que mantener un ámbito irrestricto de libertad para promover el bien común. Sólo en caso de afirmaciones falsas sobre hechos llevadas a cabo con ‘real malicia’, es decir, con conocimiento de su falsedad, predomina el interés del honor individual (y, por ende, puede prosperar una eventual indemnización)”.