De Mitri opinó que Faversani debe ser detenido

El oficial Andrés Faversani pasa de la euforia a la decepción. Creía que había logrado despegarse completamente de la investigación de la muerte del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz luego de que la Cámara de Apelaciones lo sobreseyó, pero el ministro fiscal, Luis de Mitri, opinó ayer que el policía debía ser imputado de homicidio agravado y detenido inmediatamente hasta la realización del juicio. De Mitri se expidió de esta forma luego de que los miembros de la Corte Suprema de Justicia recibieron una presentación de la familia de la víctima.
Hasta el momento, los únicos imputados -pesa sobre ellos la acusación de homicidio agravado- son los ex policías Ema Gómez y Darío Pérez, quienes están detenidos en la cárcel de mujeres y en el penal de Villa Urquiza, respectivamente.
A Aráoz lo mataron el 26 de noviembre de 2004, en su casa de El Corte, en Yerba Buena. Según la investigación que condujo el fiscal Guillermo Herrera, con el arma reglamentaria de Pérez le hicieron 9 disparos que le provocaron un shock hipovolémico: el juez murió desangrado.
Según Herrera, el crimen tiene características pasionales: Aráoz y Gómez mantenían una relación sentimental, y se sospecha que Pérez era el tercero en discordia. Sin embargo, la familia del juez no concuerda con esta hipótesis y acusa a una mafia policial de haber matado a Aráoz para impedir que saliera a luz una investigación que él estaba llevando a cabo sobre tráfico de drogas con menores delincuentes. Todos los acusados en el marco de la causa son o fueron policías.
Una vez terminada la investigación, Herrera acusó a Faversani y a otros dos policías, el comisario Rodolfo Domínguez y el agente Raúl Albornoz, de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero los abogados Benjamín Frías Alurralde, María Dolores Leone Cervera y Dante Julio José Ibáñez, representantes de la familia Aráoz, apelaron en el caso de Faversani. El juez de Instrucción Juan Francisco Pisa les dio la razón, y le imputó homicidio agravado a Faversani. Este, a su vez, recurrió ante la Cámara de Apelaciones. El fiscal de Cámara Carlos Castellano (luego fallecido) coincidió con Pisa; no así los camaristas Eudoro Albo, Elva Graciela Jiménez y Liliana Vitar, quienes lo sobreseyeron.
Los representantes de la familia Aráoz recurrieron entonces a la Corte Suprema de Justicia y los miembros del Alto Tribunal, antes de expedirse, le pidieron opinión a De Mitri. Si bien la resolución del ministro fiscal no es vinculante, Frías Alurralde la considera muy importante. En caso de que la Corte confirme la resolución de De Mitri, Faversani quedará imputado y se podría ordenar su detención inmediata.
Esta podría ser la última resolución judicial antes de que se determine cuál de las salas de la Cámara Penal llevará adelante el juicio oral. De todas formas, se calcula que el debate no se concretará hasta el próximo año, a pesar del tiempo transcurrido desde que el juez fue asesinado.