Grave omisión parael diálogo democrático

Finalmente, el diálogo de la Presidenta con la Comisión de Enlace del sector agropecuario se produjo, tras la finalización de un paro rural con las consiguientes perturbaciones en el abastecimiento de la mayor parte del país. Ciertamente que todavía se está lejos de solucionar el conflicto profundo que representan concepciones económicas muy opuestas y que ya hemos analizado en este lugar en diversas oportunidades. Pero debe señalarse que en la carta en la que Presidenta convocó a la reunión se expresan algunas consideraciones que requieren un análisis sobre el contexto en que se desarrollan las relaciones entre los múltiples factores propios de una comunidad democrática pluralista y republicana.
   En dicha comunicación se afirma: “con el nuevo temperamento que  las entidades del agro han expresado, los argentinos hemos recuperado el funcionamiento democrático”. Igualmente se afirma: “la República nos exige a todos respetar absolutamente los derechos ciudadanos, algo que se vulnera cuando se afecta la libre movilidad, cuando se obstruye el acceso de la gente al alimento cotidiano o cuando se impide que otras actividades económicas puedan desarrollarse normalmente”. Finalizó la invitación enfatizando la necesidad de protagonizar  “en pluralidad y democracia el desafío y la responsabilidad que la hora nos impone”.
   Ningún  conflicto por la lucha de intereses es responsabilidad exclusiva de una de sus partes, más aun cuando terceros se ven afectados por sus consecuencias. Pero lo cierto es que en el centenar de jornadas del paro rural por causa de retribuciones impuestas por el poder político con absoluta exclusión del Congreso, los agricultores no tuvieron otra alternativa que apelar a medios irregulares para que se los escuchara. Demostración de ello fue el hecho de que la Presidenta finalmente optara por la decisión de remitir la cuestión para su debate en el Poder Legislativo. Un  poder republicano que desde hace un lustro se halla acotado en sus funciones y en su capacidad de control por normativas tan excepcionales como la Ley de Emergencia Económica dictada durante el colapso institucional de 2002 con carácter transitorio, mas con vigencia ininterrumpida. Pero no sólo esa circunstancia, sino la reiterada cooptación de representantes del pueblo y de las provincias, y el severo disciplinamiento del presidencialismo, dejaron en penumbra constitucional al “palacio de las leyes”, que ni siquiera sancionó el derecho  de acceso a la información pública, ni logra preservar su voluntad presupuestarial, la histórica ley de leyes de la Carta Magna de 1215, de Juan sin Tierra, sometida a la discrecionalidad del jefe del Gabinete de Ministros.
   El mensaje presidencial es, por todo ello, bastante restrictivo conceptualmente en cuanto a la democracia, y sería muy bienvenido algún gesto o expresión concreta de que el debate sobre el tema rural por parte del Parlamento es el primer paso de la recuperación republicana del Congreso. Especialmente cuando algunos síntomas adversos de las últimas horas hacen dudar de la restauración democrática en su real dimensión constitucional.
   Mientras ello no ocurra, ninguna de las alternativas posibles de solución al conflicto que ha comenzado a dirimirse bajo su cúpula institucional consolidará la paz y el diálogo entre los argentinos; y mucho menos, la convivencia en un proyecto de Bicentenario que honre a su antecesor de 1910, cuando millones de inmigrantes eran testigos de la séptima economía mundial que hoy ignora nuestro presidencialismo, más hegemónico que republicano.