La policía de Venezuela detuvo a un general disidente, azuzando a la oposición, que a su vez radicalizó un paro general contra el presidente Chávez

CARACAS.- La policía de Venezuela detuvo el lunes a un general disidente, azuzando a la oposición, que a su vez radicalizó un prolongado paro general contra el presidente Hugo Chávez exhortando a una rebelión impositiva.
El mandatario ha ignorado el "paro cívico" de 29 días, que ha prácticamente detenido la vital industria petrolera del país demandando su renuncia y la convocatoria a elecciones anticipadas en el primer trimestre del 2003.
"Chavistas" y "antichavistas" volvieron a chocar el lunes en Caracas, luego que la policía política DISIP detuvo al general de división de la Guardia Nacional (GN) Carlos Alfonso Martínez, un opositor, durante una manifestación.
La policía se abstuvo de explicar por qué detuvo a Martínez, pero el gobierno lo acusa, junto a otros oficiales, de estar involucrado en un golpe que en abril sacó a Chávez brevemente del poder.
Un abogado que habló en nombre de Martínez, el militar disidente de más alto rango, dijo que el general no había sido formalmente acusado y calificó su detención de ilegal.
Las autoridades dijeron que al menos cuatro personas resultaron heridas por pedradas u objetos contundentes y la policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a algunos opositores que se aglomeraron en la puerta de la DISIP.
Martínez integra un grupo de 14 oficiales de alto rango que el 22 de octubre se declaró en "desobediencia" y llamó a la Fuerza Armada Nacional (FAN) a desconocer el gobierno de Chávez.
Desde entonces el grupo ha recibido el apoyo de otro centenar de militares y mantiene una vigilia en la Plaza Francia, en el barrio Altamira, al este de Caracas --uno de los bastiones de la oposición--, donde el 6 de diciembre tres personas fueron asesinadas por un ciudadano portugués que disparó contra la manifestación opositora.
Chávez ha amenazado con desmontar la protesta de Altamira, pero hasta ahora sólo había dado de baja a la mayoría de los oficiales que se pronunciaron contra él.
Los militares disidentes calificaron la detención de Martínez como ilegal y una muestra más del "autoritarismo" de Chávez, a quien acusan de haber dividido a la FAN politizándola y tapando hechos de corrupción, así como de querer imponer un sistema comunista como el cubano.
"Condenamos estas detenciones ilegales y arbitrarias que está llevando a efecto este régimen (...). Se trata de una violación a sus derechos, a sus derechos como oficial general y a sus derechos humanos", dijo Edgar Bolívar, un general de la GN que integra el grupo de militares disidentes.
El abogado Cipriano Heredia explicó que Martínez no podía ser detenido sin una orden del Tribunal Supremo de Justicia y sin un expediente instruido en su contra. Algunos medios de comunicación dijeron que el general sería liberado en breve, pero hasta altas horas de la noche seguía detenido.
La detención también fue condenada por los líderes empresariales, sindicales y políticos que encabezan el paro, que ha sido acompañado diariamente por marchas, cacerolazos y masivas concentraciones que claman por la salida de Chávez.
A esos actos que han llamado de "desobediencia civil activa" se unió el lunes un llamado a radicalizar el paro.
El presidente de la opositora Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), Carlos Ortega, dijo que la desobediencia "la aplicaremos también en el aspecto tributario. Nos negaremos a pagar impuestos a un régimen que no presenta cuentas y dilapida los dineros del pueblo".
Carlos Fernández, presidente de la mayor central patronal del país, Fedecámaras, acusó al presidente de tratar de obstaculizar cualquier salida electoral.
"Con Chávez no hay elecciones en Venezuela", sostuvo a Reuters. Al mandatario "no le importa si la industria petrolera se deteriora, si la gente pasa hambre y si acaba con la economía con tal de quedarse con el poder".
La oposición dice que Chávez quiere sembrar el caos en el país para poder justificar un estado de excepción que le permitiría suspender algunas garantías constitucionales.
Pero el gobierno, que sostiene que el paro petrolero es un sabotaje, ha descartado reiteradamente la posibilidad de decretar ese estado porque asegura que todo está normal en el país, que sufre por una inédita escasez de gasolina que ha obligado a importar ese producto.
Mientras el gobierno dice que está ganando una guerra para quebrar el paro, no ha podido aún restablecer la normalidad en los despachos del hidrocarburos y sus derivados, la producción, ni ha logrado arrancar las operaciones de refinación. (Reuter)